La ola de despidos ilegales, durante la administración de la exalcaldesa Karol Salas Vargas dejó una factura millonaria a los sancarleños.
El alcalde Juan Diego González informó al concejo municipal que las gestiones de despidos a 14 funcionarios entre 2021 y 2024, costaron un total de 532 millones de colones.
Dicho monto corresponde a los salarios caídos con cargas sociales para los funcionarios reinstalados, las liquidaciones al personal que fue despedido tras las reinstalaciones, el costo de los órganos del debido proceso, diferencias de salario despedido respecto al suplente por salario global y los reajustes por salario global en las suplencias.
Sin embargo, si se suman los pagos de salarios a quienes suplieron a los despedidos, la cifra sube a los 937 millones de colones.
«Son montos muy lamentables porque muchos de estos fueron por despidos que se hicieron de manera ilegal. Esto es plata de todos los sancarleños, es un monto muy alto, eso financia 1 año entero del centro de monitoreo y queda sobrando plata, eso financia 5 kilómetros de asfalto, eso financia 2 niveladoras, 2 backhoe y varias compactadoras», dijo González.
La administración añadió que los cálculos hechos datan hasta el 09 de diciembre de 2024 pues a la fecha aún hay pendiente de resolver, por parte del Juzgado de Trabajo, 5 procesos de fuero especial laboral interpuestos contra el municipio.
González explicó que de dicho informe no podrán brindar mayores detalles, esto porque la alcaldía está en un proceso de investigación para determinar las acciones administrativas que se pudieran generar.
«Tenemos listas las especificaciones técnicas para la contratación de una firma de abogados que pueda llevar a cabo la investigación y nos determine cuáles son los pasos a seguir para recuperar estos dineros. Yo espero a más tardar el miércoles tener el proceso en SICOP para iniciar con la contratación», indicó.
Mencionó también que, este proceso no lo podrán realizar los 3 abogados del ayuntamiento porque 2 de ellos fueron despedidos de manera ilegal por la exalcaldesa y el otro emitió criterios durante esos ceses laborales.
La intención de este informe es que pueda servir de insumo para la firma de abogados que gane el concurso y con ello el ayuntamiento pueda cobrar los 532 millones a los responsables de dichos despidos.
«Nosotros vamos a agotar todas las vías legales para tratar de recuperar ese dinero que nunca debió ser asumido por la Municipalidad de San Carlos, porque no es plata mía, ni de los regidores, es de todos los sancarleños y es más de 1 millón de dólares que gastó esta municipalidad en procesos de despido que al final fueron declarados ilegales por los juzgados competentes», concluyó el alcalde.
En noviembre de 2024 el actual concejo municipal aprobó que la alcaldía investigara a los eventuales responsables de esos despidos ilegales, tras una moción que presentó la entonces regidora Vanessa Ugalde, pocos días antes de finalizar su periodo.
Incluso, el propio diputado oficialista, Jorge Antonio Rojas, envió un oficio al concejo y alcalde en el que solicitaba una investigación en la mayor brevedad posible.
Durante su estancia al mando del municipio sancarleño, la exalcaldesa Karol Salas ejecutó 14 despidos a funcionarios de distintos departamentos, luego, en diferentes procesos debieron ser reinstalados en sus puestos tras la orden de un juez de la República.