Apenas el 03 de febrero anterior, la Sala Constitucional emitió una gestión de desobediencia contra el MINAE y el Ministerio de Salud.
10 días después, el 13 de febrero, Salud clausuró fuentes de agua en 6 comunidades fronterizas por contaminación con mercurio.
Esto a pesar de que, la empresa a cargo de los muestreo en las fuentes entregó el reporte de contaminación con los resultados desde el 20 de diciembre de 2022.
Y es que el 03 de setiembre de 2021, la misma Sala declaró parcialmente con lugar un recurso que presentó la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON.
En ese entonces, la orden fue para representantes de la administración Alvarado Quesada para que:
"Se establezca un plan a mediano plazo, máximo tres meses posteriores a la notificación de esta sentencia, en el que se tomen las medidas de seguridad que correspondan para que se defina un plan de contención para la minería ilegal en la zona Crucitas y, a partir de ese momento, se realice una valoración de la magnitud e intensidad del daño ambiental, el levantamiento topográfico de los cuerpos de agua, la valoración y muestreos de los niveles de mercurio en agua, suelo y sedimentos, se establezca una línea base de seguimiento y se tomen las medidas técnicas que correspondan para remediar los daños ambientales. De lo cual se debe establecer un cronograma de actividades y categorías de autoridades responsables para que en el término máximo de dieciocho 2 meses posteriores a la concreción del plan de seguridad, estén en cumplimiento las acciones remediales que correspondan", cita el fallo.
Como, a pesar de este fallo no hubo soluciones inmediatas, el 22 de junio del año anterior, el representante de la FECON, Álvaro Sagot hizo el respectivo alegato.
El 14 de setiembre de 2022, Sagot denunció de nuevo desobediencia por parte de las autoridades respectivas: Salud y MINAE.
Luego, el 23 de setiembre tuvieron audiencia en la sala el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón donde hicieron el descargo ante las distintas acciones que realizan en la zona pero, sin concretar en el problema de la contaminación del agua que, desde el año anterior ya conocían.
Un nuevo fallo, ahora de 03 de febrero de este año advierte a las autoridades que, de no ejecutar las acciones, podrían enfrentarse a un proceso judicial.
“Se le ordena a Joselyn María Chacón Madrigal, en su condición de ministra de Salud, a Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía, y a Jorge Luis Torres Carrillo, en su condición de ministro de Seguridad Pública o a quienes en su lugar ocupen el cargo, el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia n.°2021-20047 de las 14:01 hrs. del 03 de setiembre de 2021. Lo anterior con la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra y el testimonio de piezas ante el Ministerio Público si no lo hicieren”, dice el por tanto de la advertencia.
La Sala fue tajante al considerar inadmisible que las autoridades adopten una conducta meramente pasiva y de espectadores ante la problemática.
En este momento, casi 2 mil personas tienen problemas para acceder a agua potable en El Roble, Llano Verde, Jocote, Crucitas, Chorreras y Chamorro, comunidades fronterizas en Cutris y Pocosol.
