El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, pidió a los diputados aumentar el «royalty» o canon que recibiría la municipalidad si aprueban el proyecto de ley 24.717 para la explotación de minería en Crucitas.
Esta iniciativa establece un royalty (pago por el uso o explotación de una propiedad) del 5% del valor de las ventas que se obtengan de la concesión minera.
Sin embargo, para González esa cifra es ínfima para lo que podría ejecutar el ayuntamiento en proyectos para esas comunidades fronterizas.
Según dijo, el 5% representaría un ingreso anual aproximado de entre 500 mil y 700 mil dólares (350 millones de colones aproximadamente), cifra que sería muy baja si se compara con el presupuesto municipal que ronda los 25 mil millones de colones al año.
«Con ese porcentaje tan bajo es imposible para el gobierno local asumir los retos y las necesidades que hay en esta zona y por eso planteamos una distribución diferente», mencionó.
En su lugar, el alcalde y el regidor Juan Pablo Rodríguez propusieron a la comisión legislativa que analiza el proyecto, que el porcentaje sea del 25%.
Además, que el 20% que el gobierno central destinaría para obras en el cantón, pase a un 25%
Es decir, con la propuesta que plantea el municipio, el 100% de royalty quedaría distribuido de la siguiente manera: 50% para la caja única del Estado, 25% que el gobierno central invertiría en San Carlos (rutas nacionales, entre otros) y 25% que recibiría la municipalidad directamente, también para invertir en obras.
Estos recursos, según González, estarían destinados a inversión de infraestructura vial y una extensión del acueducto municipal, pues son los temas de mayor complejidad en las comunidades fronterizas.
«Caminos es el principal problema de ahí, pero, adicionalmente nosotros tenemos el compromiso de ir ampliando el acueducto municipal para poder llevar agua a más comunidades y así lo hemos venido haciendo», dijo.
Durante la exposición a los diputados, el alcalde también enfatizó en que ese porcentaje del «royalty» llegue directamente a la municipalidad y no al gobierno como inicialmente está propuesto.
«Nosotros no compartimos que, en el proyecto de ley, la parte del royalty sea cobrada por el gobierno central y luego trasladada a la municipalidad. Tiene que ser pagado directamente porque ya con la ley 8114 y otros desembolsos sabemos lo que implica para una municipalidad depender de los giros del gobierno», indicó.
El proyecto, bajo el expediente 24.717, «Ley para la recuperación sostenible de Crucitas y la creación del polo de desarrollo de la región Huetar Norte de Costa Rica», propone reformar el Código de Minería para permitir la explotación de minerales mediante subastas públicas.
