La alcaldesa de San Carlos, Karol Salas Vargas, vetó un acuerdo que tomó, el Concejo Municipal y que pretendía una denuncia en su contra.
Dicho acuerdo, es del pasado 15 de marzo, durante la rendición de cuentas de la alcaldía y autorizaba al presidente municipal, Juan Diego González, a presentar una denuncia contra la alcaldesa por el aparente incumplimiento de deberes.
Esto, debido a que Salas presentó el informe de labores fuera del tiempo establecido por la ley.
Para esto, los regidores tomaron como base el criterio C-201-2005 de la Procuraduría General de la República (PGR) que indica que, la alcaldía tiene hasta el último día de febrero para presentar el informe de labores.
Es decir, la alcaldía debía presentar el informe de labores a los regidores a más tardar el 29 de febrero y lo hizo hasta el 04 de marzo.
Pese a ello, la alcaldesa aplicó el artículo 167 del Código Municipal que menciona que "el alcalde municipal podrá interponer el veto a los acuerdos municipales por motivos de legalidad u oportunidad, dentro del quinto día después de aprobado definitivamente un acuerdo".
En su justificación, la alcaldía señaló que el veto se da ya que, el respaldo que tienen los regidores es un criterio de la PGR y la ley no establece un plazo específico para presentar un acto administrativo.
"La Ley no refiere que el plazo señalado en el artículo 17 inciso g) del Código Municipal, sea un plazo para el Concejo Municipal o para el alcalde, mucho menos hace referencia expresa, que el alcalde deba presentar el informe en el último día del mes de febrero", señaló Salas en el oficio MSC-AM-0498-2024.
En sesión extraordinaria de este viernes, los regidores acordaron rechazar el veto interpuesto por Salas y lo elevaron al Tribunal Contencioso Administrativo para que resuelva conforme a derecho, tal como lo establece el Código Municipal.
Este, es el segundo veto que aplica la alcaldesa Salas al Concejo Municipal, el primero sucedió en 2021 cuando los regidores le ordenaron reinstalar la Bandera Sanitaria en las afueras del palacio municipal como una política de apoyo al trabajo realizado por el personal sanitario durante la pandemia.
Este veto también fue elevado al Contencioso Administrativo y a la fecha sigue sin ser resuelto por el tribunal.
