El regidor independiente, Esteban Rodríguez Murillo, presentó una moción ante el concejo municipal de San Carlos con el fin de esclarecer quién tiene la competencia para tomar decisiones sobre el ordenamiento vial en rutas cantonales.
La solicitud plantea pedir un criterio jurídico a la asesoría legal del municipio con fundamento en la legislación actual.
Una vez recibido el criterio, la intención es remitir el caso a la Procuraduría General de la República para obtener una respuesta formal y vinculante.
Rodríguez, explicó que existen dudas sobre si estas decisiones corresponden exclusivamente al concejo municipal o pueden ser ejecutadas de forma directa por la alcaldía.
Según argumentó, el ordenamiento vial, que incluye cambios en el sentido de circulación, zonas de parqueo, demarcaciones, reductores de velocidad, parquímetros y otras medidas, tienen un impacto importante en la movilidad, seguridad y planificación urbana del cantón.
Como parte de la justificación, citó varios artículos del Código Municipal. Por ejemplo, el artículo 13 que establece que el Concejo puede dictar medidas de ordenamiento urbano, y el artículo 17 que le otorga competencias en materia de tránsito y transporte local.
Además, señaló que el artículo 18 del mismo Código aclara que la alcaldía tiene funciones ejecutivas y administrativas, pero no potestad normativa en temas de tránsito.
También mencionó la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, cuyo artículo 5 inciso reconoce a las municipalidades como autoridades competentes en materia de tránsito en vías cantonales.
La moción incorpora precedentes jurisprudenciales. Uno de ellos es el voto N.º 2006-01573 de la Sala Constitucional, donde se afirma que "solo el Concejo Municipal tiene potestad normativa, y que decisiones unilaterales del alcalde violan la legalidad y autonomía local".
Otro caso citado es la sentencia 144-2015-IV del Tribunal Contencioso Administrativo, que respalda que decisiones como el cambio de sentido vial y el establecimiento de zonas de parqueo deben ser tomadas por el órgano colegiado.
La moción fue aprobada de manera unánime y enviada al departamento jurídico para su respectivo trámite.
