Tras una apelación por parte del Ministerio Público, el alcalde sancarleño Alfredo Córdoba, regresaría a juicio por el caso relacionado al nombramiento del Wilberth Rojas como administrador municipal.
Si bien, el caso ya fue a juicio bajo el expediente 15-000083-0621-PE y se resolvió con una sentencia condenatoria por el delito de nombramientos ilegales, el Ministerio Pública presentó una apelación.
Este juicio, se desarrolló entre setiembre y noviembre de 2019.
En ese entonces, Córdoba llegó acusado por nombramiento ilegal, tráfico de influencias, prevaricato y peculado.
El Tribunal por unanimidad, encontró culpable a Córdoba Soro, de dos delitos de nombramiento ilegal por los que se le condenó al pago de 30 días multa por cada delito
Ahora el Ministerio Público pide que, se abra un nuevo juicio solo por el delito de peculado, del que salió absuelto el alcalde.
"La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó que Córdoba Soro fue acusado dentro del expediente 15-000083-0621-PE, el cual ya fue a juicio y se resolvió con una sentencia condenatoria por el delito de nombramientos ilegales Además, a raíz de una apelación que presentó el Ministerio Público por el presunto delito de peculado, se ordenó que se realice un nuevo juicio solo por ese tipo penal", confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Francisco Dall'Anese, abogado de Córdoba, confirmó que hay una solicitud de apertura de juicio más no dio, mayor detalle.
"Lo que le puedo corroborar es que hay una acusación y apertura de juicio; más detalles no le puedo dar por que mientras la fase del proceso se mantenga en secreto, no me es posible brindar ninguna declaración y será hasta la fase de juicio en la que se pueda resolver cualquier dato", dijo a SCD.
Este proceso está en la fase intermedia, es aquí donde el juez penal decide si el caso va a juicio o no.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción Probidad y Transparencia indicó que Córdoba figura como imputado en la causa 16-001862-0306-PE; en esta se acusó al alcalde por el presunto delito de pago irregular de contratos administrativos.
El requerimiento con solicitud de apertura a juicio fue enviado al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública el 01 de octubre del 2020.
