En las municipalidades costarricenses, quienes ejercen como regidores y síndicos llegan al cargo por elección popular. Esto conlleva un elemento democrático esencial, pero también una realidad técnica: no existe un requisito académico o profesional para asumir dichos puestos.
Y aunque entre los elegidos puede haber personas con experiencia y formación valiosa, son contados los casos en que los concejos municipales se componen por especialistas en áreas clave como derecho administrativo, vialidad, planificación urbana, hidrología o movilidad, muchos otros que son del día a día en un municipio.
Si el gobierno local fuera un sistema de carrera, como en otras estructuras del Estado, estos puestos no los ocuparían ciudadanos, sino funcionarios seleccionados por concurso. Pero no esa la realidad, porque la política local es la representación directa de la voluntad del pueblo, un mecanismo también puesto por un órgano elegido por el pueblo. Por eso, en ese modelo, resulta razonable —y hasta indispensable— que el Concejo Municipal cuente con apoyo técnico para una toma de decisiones informada, rigurosa y responsable.
Sin embargo, que sea necesario, no significa que cualquier medio sea el adecuado; y en particular, contar con asesores por fracción, aunque se apoye por la posibilidad que brinda la ley, en algunos casos se ha demostrado ser ineficiente y costoso, además de podría ser carente de criterios objetivos de selección, seguimiento y evaluación; desde mi punto de vista No es apropiado que se empleen fondos públicos sin controles claros, bajo esquemas que permiten nombramientos sin parámetros técnicos ni resultados verificables.
Durante el periodo 2016-2020, desde el Concejo de San Carlos se optó por una alternativa distinta: asesoría profesional tercerizada (outsourcing), gestionada con presupuestos asignados por rama profesional. La administración municipal y el Concejo negociaban y priorizaban los temas, y si al cierre del periodo no se utilizaban los recursos, se ejecutaba una variación presupuestaria mediante acuerdo unánime. Fue una fórmula más equilibrada, técnica y, sobre todo, ajustada a necesidades reales, y creo se empleó de manera similar en 2020 -2024.
Días atrás, el Concejo Municipal tomó una decisión correcta al no continuar con la propuesta de asesores por fracción; en especial me llamó la atención como un regidor cambia su criterio de manera firme y clara al escuchar la petición de la ciudadanía, pero vas más allá, y realiza una propuesta entiendo el requerimiento técnico. Y esa sería mi crítica, la limitada deliberación en general de argumentos proactivos.
Por otro, y mencionó en las deliberaciones, esa decisión debe traducirse en coherencia durante el próximo ciclo presupuestario; Si se considera innecesario y oneroso contratar asesores por fracción, también se debe revisar con lupa la creación de plazas, la eficiencia del gasto, el uso de herramientas tecnológicas y el impacto de decisiones pasadas sobre el aparato municipal.
En ese contexto, propongo seis ideas concretas:
- Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo técnico, como lo propuso el regidor Esteban Rodríguez y en redes se ha propuesto por ciudadanos: la IA puede analizar documentos complejos en segundos, ayudar a comprender dictámenes legales, informes técnicos o presupuestos. Esto no reemplaza al criterio humano, pero sí lo potencia. Debe estar al servicio de todos: regidores y síndicos, con la capacitación adecuada.
- Fortalecer una asesoría legal independiente, libre de subordinación administrativa a la Alcaldía, con control pleno del Concejo Municipal. Incluso, esto requeriría una reforma legal y reglamentaria para garantizar su autonomía técnica y colegiada en contrataciones y despidos.
- Establecer partidas presupuestarias predefinidas pero flexibles, que no comprometan los 140 millones estimados inicialmente, pero que permitan, vía variaciones presupuestarias, contratar asesorías especializadas cuando se justifique: en ingeniería, derecho, planificación, entre otros.
- Aprobar una norma interna para el tratamiento de documentos, estableciendo que todo expediente que no se remita con al menos 24 horas de antelación, no será conocido en sesión, salvo disposición legal en contrario. Esto ordena el trabajo, el estudio y eleva el estándar de transparencia y preparación.
- Invitar a la ciudadanía con conocimientos técnicos como asesores ad honorem a participar en comisiones; en San Carlos se cuenta con personas valiosas, preparadas, éticas y con disposición de aportar sin pretensión política. Se puede y debe canalizar ese conocimiento.
- Retomar vehementemente la discusión sobre las sesiones virtuales de comisiones, reformar lo necesario y promover una gestión más moderna: con menos traslados físicos, mayor documentación, participación técnica a distancia y reducción de costos logísticos.
Todas estas propuestas tienen un marco común: se pueden ejecutar sin aumentar el gasto, si hay voluntad política, apertura técnica y trabajo colegiado. Lo importante no es tener asesores por decreto, sino tener soluciones útiles, fiscalizadas y en función del bien común.
Lo que vi en el Concejo de San Carlos me dio esperanza: un grupo humano que —aunque con diferencias— actuó con humildad, con sentido de responsabilidad y dispuesto a rectificar cuando era necesario. Incluso, en el marco de un proceso judicial de conciliación donde, con mejor apoyo técnico desde el inicio, probablemente se habría tomado una mejor decisión desde el primer momento.
Queda mucho por mejorar, pero también muchas capacidades por aprovechar. Con mística y voluntad se puede hacer mucho más. Adelante, por San Carlos.
MAF Nelson Ugalde Rojas
Expresidente municipal.