La extradición de costarricenses hacia Estados Unidos solo es posible si se trata de delitos relacionados con narcotráfico o terrorismo. Así lo permite el artículo 32 de la Constitución Política, reformado por la Ley N° 10730 desde mayo de 2025.
Este artículo establece que ninguna persona costarricense puede ser obligada a salir del país, salvo que haya una solicitud de extradición aprobada por los tribunales y bajo respeto estricto a los derechos fundamentales.
Costa Rica y Estados Unidos mantienen desde 1982 un tratado de extradición que permite la cooperación judicial entre ambos países. Esta herramienta se activa cuando Estados Unidos solicita formalmente la extradición de una persona con nacionalidad costarricense.
La Ley de Extradición N° 4795 detalla los requisitos y el procedimiento que debe seguirse. En primer lugar, el país solicitante debe presentar documentación que respalde la solicitud. Esto incluye una orden de detención firme, copia del proceso judicial con pruebas, datos del acusado y una descripción del delito.
También debe haber un compromiso por escrito de que la persona no será juzgada por otros delitos distintos a los mencionados en la solicitud. Además, no se le podrá imponer pena de muerte ni una pena mayor a la permitida en Costa Rica.
El artículo 10 de la misma ley indica que, una vez recibida la solicitud correctamente, el caso queda bajo jurisdicción de un juez penal. Ese juez podrá imponer medidas para evitar la fuga del acusado, incluyendo detención solo en casos urgentes o graves.
Si la solicitud es admitida, el imputado tiene derecho a conocer los cargos, nombrar defensor y presentar pruebas. Si no tiene abogado, se le asignará uno público.
El proceso continúa con una audiencia donde ambas partes presentan pruebas. Luego, el tribunal resuelve si concede o no la extradición. Esta decisión puede ser apelada dentro de los cinco días siguientes.
Finalmente, si se concede la extradición, el tribunal podrá poner condiciones, como asegurar que el extraditado no será juzgado por delitos distintos ni recibirá sanciones diferentes a las acordadas.
Este procedimiento busca garantizar que toda persona sometida a una solicitud de extradición tenga un debido proceso, según lo establece la legislación costarricense.
