«La criminalidad en San Carlos ha cambiado, las investigaciones que nosotros tenemos en este momento en curso y los juicios que estamos haciendo no son los mismos que teníamos hace años. Se están investigando grandes bandas de narcotráfico, lavado de dinero, tenemos bandas de sicarios en este cantón, situaciones que antes no veíamos».
Esta es la realidad criminal en San Carlos y lo expuso, Lorna Quirós, presidenta del Tribunal Penal de este cantón.
Ella, junto al administrador del Poder Judicial, Alexander Matarrita; el director regional del OIJ, Nils Rojas; y Luis Quesada, Fiscal Adjunto participaron del Concejo Municipal la noche de este lunes.
El Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela expuso a los regidores no solo la realidad que afronta el cantón si no también, lo que viven al menos 70 funcionarios del Tribunal Penal y además, fiscales y hasta investigadores del OIJ.
«Afrontamos una situación crítica en seguridad a nivel nacional y eso, lo vemos muy lejano pero no está tan lejano como la gente considera y los funcionarios nuestros están expuestos a un riesgo inminente casi diario», detalló Matarrita.
Jueces y fiscales amenazados, investigadores a los que delincuentes dan seguimiento y hasta intento de robo de los vehículos decomisados al narcotráfico también son parte de esta realidad local.
Es por esto que el grupo, pidió al ayuntamiento sancarleño ayuda para mejorar la seguridad del personal, sobre todo del que atiende casos durante las madrugadas y altas horas de la noche.
La situación tiene que ver con que, los funcionarios judiciales no tienen donde dejar sus vehículos y deben estacionarlos en la zona que está detrás del edificio, en ocasiones hasta a 200 metros del ingreso; en una zona solitaria y oscura.
«Hemos detectado gente haciendo contra vigilancia en el edificio de nosotros, en el parqueo viendo cuáles son los carros del OIJ, en cuáles se montan los funcionarios. Hemos detectado gente vigilando en la parte de atrás y los hemos intervenido. Estamos llevando ahorita varias investigaciones de crimen organizado y les digo que es gente demasiado peligrosa», destacó el jefe regional del OIJ.
Solicitud legítima
Luego de dar a conocer la realidad local, el grupo pidió a la Municipalidad de San Carlos que intervenga.
Se refirieron a un proyecto que desarrolla la Municipalidad de San José en el edificio judicial y que delimita un perímetro alrededor, exclusivo para estacionar vehículos judiciales y de los funcionarios.
En el caso local lo que pretenden es que los colaboradores puedan estacionar en el borde de los Tribunales donde sí hay presencia de seguridad interna.
«Queremos ver la posibilidad de que nos hagan como algún tipo de placas para que las maneje la unidad administrativa, sin asignar si no para el compañero que la necesite. Una placa que diga que a ese carro no le pueden hacer partes en la parte de cobro, por que ese es el problema», añadió Quirós.
La situación aplicaría para juicios de crimen organizado, para jueces y fiscales amenazados y los funcionarios que llegan a des horas a sus funciones.
Sobre esta solicitud, la alcaldesa de San Carlos, Karol Salas destacó su apoyo a la gestión pero, solicito un oficio formal para analizar la posibilidad legal, de acuerdo al contrato con la empresa que opera los parquímetros.