La candidata a la alcaldía de San Carlos por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Jessica Miranda Méndez, manifestó su oposición a los parquímetros en el cantón.
Lo hizo mediante un video que publicó en su página oficial de Facebook esta semana y que además, significó el inicio de su campaña publicitaria en redes sociales.
"Hace unos meses, uno de los regidores del Partido Liberación Nacional propuso la iniciativa de colocar parquímetros en los distritos del cantón", dijo.
Fue clara en que, en caso de llegar a la alcaldía local, se opondrá a estas decisiones, pese a que le corresponden al Concejo Municipal.
"Yo como alcaldesa lo primero que voy a hacer es revisar ese contrato entre la municipalidad y esa empresa y no voy a permitir más parquímetros en otros distritos del cantón de San Carlos", mencionó.
También dijo que "el comercio sufre de bajas ventas producto de los parquímetros y además ahuyenta a turistas y clientes".
"Para nadie es un secreto la afectación que esto ha tenido para muchos comerciantes y ya algunos de ellos así nos lo han hecho saber, es insólito que se quiera llevar esa iniciativa a otros distritos y seguir jugando con el bolsillo de los sancarleños", dijo tras conversar con SCD pero, sin aportar datos o estudios que demuestren la afectación de los estacionómetros en el comercio y que prueben que, los clientes y turistas se ahuyentan.
Durante el video, además manifestó que "aún no saben para donde van los recursos que los parquímetros generan, si a una empresa extranjera u otro destino".
Sin embargo, desde octubre de 2021, un mes antes de iniciar operaciones el servicio, el ayuntamiento explicó que, el 55% de los recursos captados por venta de espacios y el 45% de las multas quedaría en las arcas municipales, mientras que la otra parte de los recursos corresponden a la empresa que ganó la licitación, Grupo Setex.
Incluso, apenas en marzo anterior, durante la rendición de cuentas de la alcaldesa Karol Salas, la administración informó que en 2022, los parquímetros generaron ¢402 millones. Dinero que, según lo dispuesto por el reglamento debe utilizarse en temas de seguridad, como el proyecto de cámaras que está en gestación.
