Cerca de las 8 de la mañana de este jueves, el OIJ confirmó que un funcionario de la CCSS pudo borrar al menos 30 archivos del correo electrónico de una las personas imputadas en el caso Barrenador, esto cuando los agentes iniciaron el respaldo de las cuentas electrónicas.
El 25 de setiembre, el Perito de la Sección Especializada de Cibercrimen, informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró en una de las cuentas, generó errores en la sincronización de archivos, al revisar la bitácora, observó que había 4 elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico.
"Al revisar lo sucedido, se determina que el correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo", detalló el OIJ.
Lo que llamó la atención es que, este funcionario no estaba trabajando por estar en vacaciones y regresa al trabajo hasta el lunes 30 de setiembre, por lo que se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas.
La revisión interna de los IPs apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago.
"Este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República y que no es posible en estos casos de presunta corrupción citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar prueba como ya sucedió lamentablemente en este caso", sostiene la Policía Judicial.
El Organismo de Investigación Judicial indicó que, a falta de herramientas tecnológicas para la recuperación de archivos, solicitará asistencia internacional para que no quede impune esta situación.
Fiscalía y Contraloría desmienten que adjudicaciones no estén en firme
Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves, sostuvo en varias ocasiones que las diligencias judiciales "no eran necesarias", pues la adjudicación de los servicios de 10 ebáis a cooperativas si quiera estaba en firme.
No obstante, la Fiscalía General de la República desmintió lo dicho y detalló que la operación fue bajo del debido apego al ordenamiento jurídico.
"Es falso indicar que la licitación que sustenta la apertura de la causa penal está en revisión por parte de la Contraloría General de la República, puesto que, como se puede verificar en el SICOP, dicha contratación está en firme", cita el comunicado de prensa.
A esto, se sumó la Contraloría General de la República mediante otra comunicación a la prensa y en la que detalló que solo una de esas diez adjudicaciones está en apelación.
"En relación a la licitación 2023LY-000002-0001101142, actualmente se encuentra en trámite en la CGR, únicamente un recurso de apelación, en cuanto a la adjudicación de una de las diez partidas de la referida licitación, específicamente la partida #3 Área de Salud San Francisco - San Antonio. No es correcto afirmar que toda la licitación está en revisión en la CGR", informó.
Es decir, a criterio del ente contralor, las líneas no apeladas están en firme, a la fecha, tal y como se puede verificar en consulta al SICOP, y además detallaron que las empresas ya entregaron la garantía de cumplimiento.
La audiencia de medidas cautelares contra los 8 sospechosos del conocido "Caso Barrenador", continúa durante este jueves.
