Este lunes, se cumple una semana desde que las autoridades judiciales destaparon el caso “Cochinilla”.
Desde entonces, un empresario sancarleño de apellido Herrera y vinculado a la Constructora Herrera, permanece en las celdas judiciales del Segundo Circuito Judicial de San José a la espera de medidas cautelares.
Pero, ¿Cuál es el vínculo de esta empresa con uno de los casos de corrupción más grandes del país?
SCD tuvo acceso a la orden de allanamiento para los 57 puntos a los que las autoridades llegaron el lunes anterior.
Uno de ellos, fue las instalaciones de Constructora Herrera en Muelle de San Carlos.
Según se desprende del documento, el delito que las autoridades achacan a Herrera es el de “Penalidad el Corruptor". En detalle, explica que la empresa habría ofrecido dádivas en favor de funcionarios públicos a fin de que, éstos desplegaran actos contrarios a sus deberes y generaran ventajas ilegales.
Como en otras empresas también involucradas en el caso “Cochinilla”, hubo una pieza elemental para eso: el sospechoso de apellido Arce, alias “Tobi”, también detenido desde el lunes anterior.
A él, lo habrían contratado para que se encargara de ejecutar “la labor de corruptor de funcionarios claves en el CONAVI que pudiesen dar un trato privilegiado y expedito a las facturas pendientes de pago”, cita el expediente.
La investigación detalla que en diciembre de 2019, se reportó la primera remuneración por transferencia bancaria, que Herrera entregó a Arce por un monto de ₡1.600.000. Ese monto, incluiría las dádivas a los funcionarios de CONAVI.
Además, según las intervenciones telefónicas, Herrera habría patrocinado una fiesta privada para los funcionarios del Departamento Financiero del CONAVI en noviembre de ese mismo año en un bar en San José.
Para ello, la conversación fue directa con Arce y hasta habrían simulado el patrocinio a una fiesta navideña para niños y así desviar la atención.
Luego, antes de marzo de 2020 habrían incorporado a Arce dentro de la planilla de la empresa para continuar con el ilícito, con una cifra simbólica que podría aumentar, de acuerdo a los beneficios que recibían.
Entre esos beneficios, los que más destacan están el pago de facturas pendientes del proyecto del tramo central de la nueva carretera Sifón-La Abundancia y otros proyectos de conservación vial.
Esos beneficios se materializaron en diciembre de 2019, con el pago ₡2.418 millones de colones de 6 de esas facturas. 3 por Sifón-La Abundancia y 3 más por obras en Guatuso y Los Chiles.
El expediente también señala que, Arce colaboraba con la empresa en además de sobornos, buscar información sensible de concursos públicos, las ofertas de otras empresas con el fin de buscar ventaja.
Otra parte del expediente, destaca que la empresa habría pagado una deuda con el Ministerio de Hacienda a la gerente de proveeduría del CONAVI, de apellido Madrigal. Esto, a cambio de trato preferencial en varios contratos de obra pública.
Además, el expediente expone que hubo un pago de ₡4.5 millones también, a esa funcionaria y un viaje pago a un hotel de playa en Jacó para varios funcionarios de CONAVI.
La audiencia por este caso, aún está en desarrollo. Desde el jueves anterior, La Fiscalía solicitó un año de prisión preventiva contra Herrera y otros 13 sospechosos más, incluido Arce.
Adjudicaciones municipales
La Constructora Herrera, es una de las más importantes adjudicatarias de la Municipalidad de San Carlos para obra pública.
De 2018 a 2021, ganó 68 adjudicaciones para distintos proyectos que van desde la venta de tubos, concreto y hasta asfaltado, entre otras.
La gran mayoría de estas adjudicaciones, fueron por medio de licitaciones abreviadas, es decir procedimientos con concursos pero, con plazos más cortos que la licitación pública y desde 2019, todas esas compras el ayuntamiento tuvo que hacerlas por medio de SICOP, el Sistema de Compras Públicas del Estado.
La información, la tomó SCD tras varias consultas en la Contraloría General de la República.
En ese período de 3 años, el monto que percibió Constructora Herrera por sus trabajo, fue de ¢5.085 millones.
El porcentaje que representan los montos, del total de fondos que aporta el Estado a la municipalidad, empezó a bajar desde 2018.
Según la CGR durante 2021, el ayuntamiento sancarleño adjudicó 3 obras a esta empresa pero aún, no se refleja el pago de esas adjudicaciones.
El diputado Luis Ramón Carranza, manifestó que pedirá a la Fiscalía que también investiguen las contrataciones municipales con todas las empresas que figuran en el expediente "Cochinilla".
