La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas sobre el proyecto de ley que busca reactivar la minería a cielo abierto en Crucitas, San Carlos.
Según el órgano contralor, la iniciativa impulsada por el Gobierno presenta vacíos legales, riesgos ambientales y carece de criterios técnicos sólidos, lo que podría hacerla inconstitucional.
El proyecto, tramitado bajo el expediente 24.717, "Ley para la recuperación sostenible de Crucitas y la creación del polo de desarrollo de la región Huetar Norte de Costa Rica", propone reformar el Código de Minería para permitir la explotación de minerales mediante subastas públicas.
Sin embargo, la CGR advierte que la propuesta debilita las competencias técnicas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y omite garantizar la sostenibilidad ambiental y social de la actividad minera.
Específicamente, la CGR señala la ausencia de estudios técnicos y financieros que sustenten adecuadamente las medidas propuestas, especialmente en relación con las actividades productivas, las nuevas figuras institucionales, los mecanismos de financiamiento y los beneficios fiscales.
Esta omisión podría obstaculizar la planificación y ejecución de las políticas públicas, así como la asignación de responsabilidades claras, la evaluación de resultados y el control efectivo de la gestión pública, según la CGR.
“Este Órgano Contralor considera que las disposiciones contenidas en el proyecto de ley resultan laxas e insuficientes para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen la protección ambiental”, cita el informe, de acceso público.
En consecuencia, la Contraloría considera necesaria la incorporación de estudios técnicos integrales y la debida articulación con las políticas públicas vigentes, así como con los actores vinculantes, a fin de garantizar la efectividad y sostenibilidad de las acciones propuestas.
A pesar de estas observaciones, el Poder Ejecutivo convocó la semana pasada el proyecto a la comisión de la provincia de Alajuela de la Asamblea Legislativa, buscando acelerar su discusión y eventual aprobación.
Mientras tanto, el debate continúa en el Congreso, donde se espera que los diputados analicen a fondo las implicaciones legales, ambientales y sociales del proyecto antes de tomar una decisión que podría marcar el futuro de Crucitas y de la política minera en Costa Rica.
