El Concejo Municipal de San Carlos acordó solicitar un informe al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) sobre los operativos en el Refugio Nacional Silvestre Corredor Fronterizo.
Vecinos de Crucitas y Chorreras, en Cutris, son afectados por las gestiones que desarrolla el SINAC, entre ellas órdenes de desalojo de sus viviendas.
La moción de los regidores Raquel Marín y Eduardo Salas destaca que existe incertidumbre sobre si las actuaciones del SINAC contemplan acompañamiento para las familias, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Los pobladores manifestaron preocupación por no conocer en qué consisten las acciones ni las implicaciones legales y sociales que conllevan.
"La intención es poder tener más insumos para que nosotros como Concejo podamos saber qué fue lo que pasó, porque hasta el momento, no sé si ustedes, tienen copia de la resolución, si fue una sentencia judicial o si es administrativa", explicó Salas.
Según indicaron familias de la zona, algunas llevan más de diez años en esos terrenos, declarados como área silvestre protegida.
La moción cita el artículo 50 de la Constitución, que establece el deber del Estado de procurar bienestar para la población, así como el derecho a vivienda digna y los principios de justicia social.
Los regidores también recordaron que toda actuación administrativa debe ajustarse a la legalidad y garantizar el debido proceso, la defensa y la participación ciudadana.
"Tenemos que conocer si se ha dado algún proceso de diálogo con la ciudadanía, si se le ha dado voz a los vecinos para que sean escuchados y atendidos de manera oportuna", dijo Marín.
La intención es que el SINAC remita un informe que incluya los objetivos del procedimiento, fundamentos legales, criterios aplicados para decidir sobre la permanencia de las personas, así como las medidas de acompañamiento previstas.
Pidieron además que el informe explique la coordinación con otras instituciones como el MIVAH, el IMAS y la Defensoría de los Habitantes.
En la moción, instaron al SINAC a valorar la suspensión temporal de las gestiones hasta asegurar que se respeten los derechos fundamentales de las personas involucradas.
El Concejo también acordó remitir copia de la moción a la Defensoría de los Habitantes, al Ministerio de Vivienda y al propio MINAE para su conocimiento y eventual intervención.
El concejo en pleno, aprobó la moción.
¿Qué información hay hasta ahora?
La semana anterior el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN-SINAC), notificó a más de 73 familias en la comunidad de Chorreras, ubicada en Cutris de San Carlos, sobre una orden judicial que les exige abandonar voluntariamente el área que ocupan.
La notificación responde a la resolución judicial número 25-000857-306-PE emitida por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela.
La misma establece que estas personas están dentro de una zona de área silvestre protegida, específicamente el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, en condición ilegal.
La orden les otorga un plazo de un mes a partir de la notificación, realizada el pasado 17 de julio, para abandonar voluntariamente la zona.
De no hacerlo, las personas podrían ser procesadas por el delito de desobediencia, según lo establece el artículo 314 del Código Penal.
Las autoridades señalaron que la ocupación ilegal ha provocado afectaciones importantes al ecosistema del lugar, como deforestación, contaminación de fuentes de agua y presión directa sobre la fauna silvestre.
Desde el MINAE anunciaron compromiso de buscar soluciones para quienes han habitado históricamente estas áreas, pero se advirtió que no tolerarán nuevas ocupaciones ni cambios recientes en el uso del suelo que pongan en riesgo el patrimonio natural de Costa Rica.
