Este martes, agentes judiciales de la Sección Especializada en Delitos Ambientales y Bienestar Animal del Organismo de Investigación Judicial, se encuentran realizando dos allanamientos en oficinas de la Planta Potabilizadora de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en Guadalupe y dos allanamientos más en oficinas del AyA en Pavas.
Tras esta acción se están deteniendo a tres masculinos, de 54 años; de 52 años y de 48 años, todos ellos funcionarios de esta institución.
A los tres se les relaciona como supuestos sospechosos de un aparente delito Contra la Salud Pública, donde se les investiga el protocolo de distribución del agua para consumo humano.
Esto a raíz de un problema originado el pasado 22 de enero del presente año, cuando mediante reportes de varios ciudadanos en los cantones de Goicoechea, Moravia, Tibás y Montes de Oca, habrían denunciado que al parecer percibían un sabor extraño en el agua y olor a aparentes hidrocarburos.
Para el 25 de enero, mediante comunicado oficial del Ministerio de Salud, se informó a la población que el agua de esos sectores no era apta para consumo, ya que se logró determinar mediante análisis de laboratorio, la presencia de hidrocarburos denominados xilenos.
A raíz de esta situación bajo dirección funcional del Ministerio Público, los agentes judiciales iniciaron una serie de investigaciones, donde no se fue posible determinar el foco o fuente de contaminación producto de la constante circulación del líquido en sus respectivas afluentes.
A estas personas no se les está deteniendo como sospechosos de ocasionar la contaminación de los mantos acuíferos, sino más bien debido a que la Planta Potabilizadora de Guadalupe, es desde donde se da el tratamiento y distribución de agua a estas zonas afectadas y en apariencia estos serían los encargados de velar por su buen funcionamiento.
Durante las diligencias, se pretende ubicar y decomisar evidencia de relevancia para esta investigación.
Finalmente, los detenidos serán presentados con un informe ante el Ministerio Público, para que sean ellos los encargados de tipificar los posibles delitos y definan su situación jurídica.