El diputado Eli Feinzaig denunció que entre el 12 y 14 de marzo de 2025, la Dirección de inteligencia Tributaria remitió a los operadores de telefonía móvil, fija y servicio de internet un oficio que solicita datos e información personal y confidencial de cada uno de los clientes.
Estos datos incluirían el nombre completo, cédula, pasaporte o DIMEX, si la persona es nacional o extranjera, número de teléfono, correo electrónico, tipo de contrato y la dirección de su hogar georreferenciada.
«Les exigen, además, entregarla en un plazo de 10 días hábiles, so pena de multas millonarias si incumplen. El oficio deja claro que Hacienda quiere datos personales de contacto de cada habitante del país, sea o no contribuyente, y en forma masiva, sin que sean personas señaladas por ninguna investigación fiscal», dijo en un comunicado de prensa.
El legislador hizo énfasis en el derecho fundamental a la intimidad, incluidos los datos personales, está protegido por la Constitución Política en su artículo 24, y por el artículo 13, inciso 1 de la convención interamericana de DDHH.
La ley 9698 de protección de datos establece que cada persona es la dueña de sus datos y destaca el principio de consentimiento informado: nadie puede hacer uso de la información sin el permiso expreso de la persona. Además, para dar consentimiento, cada persona debe recibir explicación de para qué serán usados sus datos y qué tratamiento se les dará.
“Al contratar un servicio de telecomunicaciones, usted está entregando su información personal a un tercero, el operador, que lo recolecta con fines comerciales y únicamente puede usarla para poder brindarle el servicio contratado. El operador no es dueño de los datos, sino solamente un custodio. Ningún tercero tiene derecho de acceder a los datos sin su consentimiento, a menos que sea una orden judicial o administrativa, en caso de que usted esté siendo investigado por una causa válida”, explicó Feinzaig.
El diputado citó que la Ley General de Telecomunicaciones Nº 8642, que rige a los operadores de telecomunicaciones, dedica un capítulo completo llamado RÉGIMEN DE PROTECCIÓN A LA INTIMIDAD Y DERECHOS DEL USUARIO FINAL, y cuyo artículo 43 obliga a los operadores a “garantizar el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la protección de los datos de carácter personal de los abonados”.
Para el PLP, es inaceptable que, al solicitar los datos en forma masiva y sin que medien investigaciones particulares justificadas, Hacienda obliga a los operadores a brincarse la ley a la que están sujetos.
Además, señaló que, al dar 10 días para responder, no les da tiempo siquiera de conseguir los consentimientos informados de las personas, por lo que los fuerza a incumplir la ley.
“Esto es mucho peor que el caso de la UPAD y las pruebas faro del PAC. Hace cosa de un año vimos al BCCR tratando de espiar cuentas bancarias ‘con fines estadísticos’. Y ahora el nuevo espionaje a la vida privada de los ciudadanos viene del Ministerio de Hacienda, curiosamente a seis meses del arranque de la campaña electoral. ¿Está Hacienda investigándonos a todos? ¿Con qué fines? Si la información que exigen no parece ayudar a la función tributaria y los operadores tienen prohibido otorgarla, entonces, ¿para qué o para quién la quieren? ¿Por qué hacienda está promoviendo que operadores incumplan la ley? A seis meses de inicio de la campaña electoral, ¿a quién le sirve tener los correos, celulares, números de teléfono fijos y ubicaciones de cada ciudadano?”, manifestó.
La fracción naranja expresó su compromiso con los costarricenses de denunciar los aparentes actos de Hacienda y de utilizar todas las herramientas legales que estén al alcance para evitar el aparente abuso.
Instaron también a todos los operadores de telecomunicaciones «a resistir» y no entregar estos datos, y a la Sutel y a ProdHab, para que se pronuncien sobre esta grave violación a los derechos ciudadanos.