Los diputados Olga Morera, Diego Vargas, Leslye Bojorges, Joaquín Hernández y Jorge Rojas propusieron un cambio sustancial al proyecto de ley 24.717, con el objetivo de permitir la exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris.
La subcomisión que trabajó el texto sustitutivo establece un régimen jurídico excepcional para autorizar esta actividad en ese distrito, como una medida para frenar el impacto ambiental y social causado por la minería ilegal en la zona.
La actividad solo podrá ejecutarse bajo estrictas condiciones técnicas, sociales y ambientales, con un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad empresarial.
Los diputados proponen que sea de interés público el desarrollo integral del distrito de Cutris, y de conveniencia nacional el impulso de minería metálica sostenible a cielo abierto en esa zona. El Estado podrá ejecutar acciones como fomentar infraestructura, inversiones y mecanismos de sostenibilidad.
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio de la Dirección de Geología y Minas, será la entidad encargada de otorgar permisos y concesiones exclusivamente dentro de los límites de Cutris.
Las personas o empresas que deseen operar deberán cumplir con estándares internacionales y no podrán utilizar métodos de lixiviación abierta. Solo se permitirán tecnologías de ciclo cerrado, aprobadas por el MINAE y con permisos sanitarios vigentes.
La ley elimina el requisito de visto bueno del Ministerio de Agricultura y Ganadería para los permisos en Cutris y permite que una misma persona pueda tener varias concesiones, siempre que cumpla con lo dispuesto.
En cuanto a la extensión de las concesiones, estas podrán ampliarse hasta un 50% adicional, sin superar los 10 km² que establece el Código de Minería.
El procedimiento incluye una fase de preselección de oferentes mediante concurso público, en el que se evaluará la experiencia técnica, cumplimiento ambiental, solvencia financiera y documentos legales de tenencia o uso del terreno.
Posteriormente habrá una subasta pública entre los oferentes preseleccionados. La adjudicación de la concesión será a quien ofrezca el mayor porcentaje de royalty, calculado sobre el valor bruto de la producción anual. El mínimo será del 5%.
Los ingresos serán en un 72% para la Caja Única del Estado, 25% para la Municipalidad de San Carlos y 3% para las Asociaciones de Desarrollo Integral donde esté el área de explotación.
El porcentaje para la Caja Única del Estado deberá invertirse con prioridad a temas de seguridad, ambiente y la deuda pública.
El 25% para la municipalidad lo recibiría directamente el ayuntamiento, es decir, no pasaría por el ministerio de Hacienda y el recurso deberá invertirse con prioridad en los distritos de Cutris, Pocosol y Pital.
Mientras que el 3% para las ADIs lo recaudará directamente Hacienda y luego lo distribuirá según la legislación vigente.
El texto también obliga al permisionario de exploración a entregar toda la información técnica al Estado, la cual podrá ser usada en las subastas posteriores. A cambio, el concesionario deberá pagar al permisionario por el uso de esos datos.
Las concesiones incluirán actividades de beneficio, fundición, comercialización, exportación, cierre técnico y restauración ambiental. Los términos deberán establecerse en el reglamento.
Además será necesaria la creación de la Comisión Mixta Consultiva de Fiscalización Minera (COMICOFI), integrada por representantes del MINAE, Municipalidad de San Carlos, Colegio de Geólogos, ADIs, cámaras empresariales y organizaciones ambientales.
La COMICOFI se encargará de fiscalizar la actividad, emitir recomendaciones, canalizar denuncias y rendir cuentas públicamente. Funcionará de forma ad honórem y deberá sesionar al menos una vez al mes.
También se establece que el MINAE deberá elaborar un diagnóstico ambiental continuo en Cutris, identificar los daños ecológicos y formular un plan de recuperación, con metas, cronograma y presupuesto.
El proyecto reforma varios artículos del Código de Minería para establecer que solo en Cutris se podrá desarrollar minería metálica a cielo abierto, como excepción al marco legal vigente.
También hay regulación de la vigencia de las concesiones aún si la ley fuera derogada, y se fija un plazo de seis meses para emitir su reglamento. Mientras tanto, regirá una moratoria que congela cualquier trámite minero en Cutris.
Con esta iniciativa, los legisladores buscan establecer un control estatal sobre una actividad que se realiza de forma ilegal, y transformar sus impactos en beneficios para la comunidad local y el país.
La subcomisión está integrada por los diputados Olga Morera, Diego Vargas, Leslye Bojorges, Joaquín Hernández y Jorge Rojas.
Según supo San Carlos Digital, el próximo lunes 07 de julio la comisión de la provincia de Alajuela estaría dictaminando el proyecto de ley para ser enviado al plenario.