27 diputados aprobaron la moción contra 26 votos en contra. Foto Amelia Rueda

La tarde de este lunes, la Asamblea Legislativa discutió 2 mociones relacionados a la norma técnica para regular el aborto terapeútico.

El tema dividió las opiniones de los 3 diputados sancarleños.

Una moción fue presentada por la fracción de Liberación Nacional, y lo que buscaba era que antes de firmar la norma, el Presidente Alvarado explique los alcances de la misma. Los diputados piden el borrador del documento para garantizar la vida de la madre.

Dicha moción fue apoyada por la diputada María José Corrales.

«‪Mi posición es y será siempre a favor de la vida y en contra del aborto libre.‬ ‪Nuestro Código Penal ya establece el aborto impune, el cual se aplica en aquellos casos en que la vida o la salud de la madre está en peligro, únicamente. Sin embargo, el país carece de una norma técnica que regule la forma en que se ejecutan estos procedimientos», declaró la diputada.

Esta moción también fue apoyada por el oficialista Ramón Carranza, que desde su campaña dijo estar en contra del aborto y la unión de personas del mismo sexo.

«La moción que apoyamos es que antes de que él la firme, se nos de a conocer cuál es el alcance e iniciar una discusión antes de que sea norma, además de que se mantenga el acuerdo Alvarado-Piza donde se dijo que no habría nuevas interpretaciones ni cambios en lo que la ley hoy estipula», mencionó Carranza.

La moción aprobada fue la del Partido Unidad Socialcristiana junto a las fracciones cristianas.

Con 27 votos a favor y 26 en contra, la Asamblea Legislativa pedirá al Presidente Alvarado abstenerse de firmar el decreto.

“Vamos a defender la vida de niño no nacido y de todas las personas que tienen derecho a vivir”, dijo la diputada socialcristiana María Inés Solís.

El tema sobre el decreto para regular el aborto terapeútico volvió a acaparar titulares luego de que el Presidente anunciara que en cualquier momento, el que considere oportuno, firmará la norma.

La convención CEDAW llamó la atención a Costa Rica, por incumplir la normativa que regule el artículo 121 de Código Penal que permite el aborto terapeútico en el país.

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