El Patronato Nacional de la Infancia (Pani) es una institución que debe cumplir un llamado fundamental con la sociedad: proteger los derechos de la niñez y adolescencia y prevenir situaciones de agresión y violencia que por ende afecten su calidad de vida.
Su funcionamiento debe ser dinámico y adaptable, que responda adecuadamente ante situaciones críticas y que sea planificado en el orden de ejecución y atención de las denuncias que llegan a sus oficinas.
Lograr ese acometido no es tarea sencilla. Se requiere visión en la estrategia, pragmatismo en su accionar y sobre todo, sensibilidad para entender que estamos frente al desafío de atender a la población menor de edad en condición de vulnerabilidad.
Sin embargo, esa mezcla de talentos necesarios para ejercer una dirección adecuada en el Pani se está perdiendo en el timón que conduce a esta institución.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, dio un respaldo público a la labor de su actual jerarca Patricia Vega. En sus razonamientos destaca el hecho de que doña Patricia posee la capacidad gerencial para emprender los cambios que el Pani requiere. Yo no pongo en duda que doña Patricia tenga las capacidades que le atribuye el Mandatario, pero ha quedado en evidencia que se necesita mucho más para asumir este reto.
Lo que sí me deja certeza es la falta de una visión estratégica que el actual Gobierno tiene sobre el rumbo general del país. Se percibe en la economía y en este caso en específico, en los temas sociales como la niñez.
Ejemplo de ello se dio el 3 de julio del año anterior, cuando apenas tenía dos meses de haber asumido su cargo, doña Patricia acudió a la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, luego de que las primeras voces de denuncia a lo interno del Pani, se hicieron escuchar.
Los propios funcionarios de la institución y organizaciones no gubernamentales, que prestan servicios de atención a niños en riesgo, señalaron anomalías que iban desde acoso laboral por parte de la actual jerarca, cierre de programas de suma importancia y el retraso en la formulación de contratos con ONG´s.
La gota que derramó el vaso se presentó desde mayo de este año, tras el fallecimiento de tres menores de edad. En estos casos mediaron la negligencia de sus propios padres de familia y una respuesta institucional tardía y confusa, que solo puede tener un calificativo: un rotundo fracaso en la gestión del Patronato.
Porque no se trata, como lo ha dicho doña Patricia, de resaltar que el Pani atiende actualmente a más de 8 mil niños en todo el país. Se trata de la muerte de tres menores. Aquí es cuando uno dice que la misión de esta entidad perdió su norte, al no cumplir con la protección integral de las personas menores de edad y sus familias.
Preocupante es además la situación que ocurre en la zona norte. Una publicación del 17 de mayo del medio San Carlos Digital y citando a la directora regional María Amalia Chaves, el cantón ocupa el primer lugar por número de denuncias por violencia contra menores de edad. De enero a mediados de mayo, la fuente cita que se habían presentado 1.048 denuncias, lo que representa un promedio de 12 casos al día.
Mientras tanto, su Presidenta Ejecutiva dice que está haciendo lo correcto y se ha dedicado a repartir culpas. Que más bien, la institución se encamina hacia una “gestión del cambio” sobre cinco ejes estratégicos: rectoría, infraestructura, tecnología, recursos humanos y servicios.
Implementar cambios en estas áreas es necesario, sin duda alguna. Pero lo que doña Patricia parece no entender es que los niños se están muriendo en sus propios hogares, en teoría, el lugar más seguro donde pueden estar.
Tampoco parece entender que es necesario aumentar la presencia de oficinas regionales e implementar la reestructuración organizacional que el Ministerio de Planificación le aprobó, para reubicar el recurso humano hacia las labores de campo que se requieren y que atienda la creciente demanda de casos.
No parece entender además que urge un sistema de atención de emergencias que funcione todos los días y a toda hora (no con horarios de oficina).
Parece no entender que desde el mismo Patronato se pueden determinar las prioridades de los casos que atiende el 911, según los protocolos que el mismo Pani le indica al sistema de emergencias, para evitar que un caso de agresión se relegue a una “prioridad 2” como ocurrió con Rodrigo, el menor de 5 años, fallecido en Sabanilla de Alajuela.
Por todas estas razones decidimos, los diputados miembros de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, abrir un expediente de investigación que analice justamente todas las denuncias recabadas, escuchar las posiciones de las partes involucradas y generar un informe con las conclusiones pertinentes.
Hace falta mucho más que buena voluntad para sacar a flote la tarea por la niñez costarricense. Se debe tener visión estratégica, ser pragmático en la resolución de temas urgentes, pero sobre todo, tener sensibilidad para el abordaje de todos los casos, porque esto hay que entenderlo con claridad: es el Pani y son nuestros niños.
Por: María José Corrales Chacón
Diputada. Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia Partido Liberación Nacional
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