La Fuerza Pública mantiene operaciones contra la minería ilegal en Crucitas, con acciones sostenidas que ya llevaron al desmantelamiento de centros de procesamiento y la destrucción de 248 tómbolas desde mayo de 2022.
Cada una de estas máquinas, empleadas por grupos criminales para separar el oro de otros materiales, tiene un valor aproximado de tres millones de colones.
Esto implica que, en apenas tres años, las pérdidas para estas organizaciones superarían los 700 millones de colones, sin contar otras herramientas y materiales decomisados.
Las tómbolas representan el equipo más costoso e importante en la cadena de extracción minera ilegal, pues permiten transformar lo que antes era una labor artesanal en un proceso de tipo industrial.
Debido a su importancia, las bandas delictivas las ocultan cada vez en zonas más inaccesibles, lo que ha dificultado su localización.
Sin embargo, la Fuerza Pública mantiene patrullajes constantes, las 24 horas del día, para detectar y destruir estas estructuras.
Solo en lo que va de junio, los oficiales destruyeron ocho de ellas.
La labor de los policías no es sencilla. Muchas veces deben arrastrar las máquinas colina arriba, en condiciones extremas de lluvia, lodo y terrenos complicados, hasta el campamento principal ubicado en la finca Vivoyet.
“Seguiremos trabajando día y noche en esta lucha contra la minería ilegal en Crucitas”, expresó el comandante Junier Villalta Rubí, director regional de la Fuerza Pública, quien destacó que el fin de semana lograron una nueva incautación como parte del operativo.
Además del daño económico a las estructuras criminales, estos operativos buscan proteger los ecosistemas altamente sensibles del norte del país.
La minería ilegal en Crucitas deja secuelas como la deforestación, contaminación por mercurio y destrucción de fuentes hídricas que afectan a comunidades enteras.
En paralelo, líderes comunales solicitan al Gobierno acciones sociales más integrales, ya que en la zona también persisten problemas de pobreza, desempleo y falta de oportunidades que, según ellos, son aprovechados por las redes de minería ilegal para reclutar mano de obra local.
