El periodista, exregidor y exdiputado de la República, Luis Ramón Carranza, presentó este lunes, ante el Concejo Municipal un recurso de revocatoria para que los regidores anulen un acuerdo de conciliación en un caso de peculado que data de hace 15 años.
En el documento al que este medio obtuvo acceso, Carranza solicita que el Concejo Municipal revoque el acuerdo aprobado la semana anterior y en el que al ayuntamiento acepta una propuesta de conciliación con 5 imputados, uno de ellos actualmente funcionario municipal. El caso está en el expediente 23-000029-0951-PE.
Durante dicha sesión, el abogado de la municipalidad, Juan Carlos Camacho, presentó a los regidores el acuerdo de conciliación que consistía en que 4 de los imputados asumen el compromiso de devolver a las arcas municipales un total de 52 millones de colones y a no ejercer cargos o contrataciones públicas durante un año, mientras que el funcionario actual sería removido de su puesto y trasladado a laborar en otro departamento del municipio.
Tras la discusión del tema, 8 regidores votaron a favor de la conciliación y solo la regidora Luisa Chacón votó en contra.
"La decisión de presentar el recurso es para permitir que los regidores enmienden un error, para mí, de gran proporción como lo es votar sin ningún análisis y sin contar con la asesoría legal en ese momento, un hecho de tanta implicación. No solo por el acto mismo de corrupción sino por el impacto que tiene en la imagen de la municipalidad y en la imagen que se transmite a los empresarios y ciudadanos en general del cantón", dijo Carranza ante la consulta de este medio.
El exlegislador señaló que, con este, serían dos casos de impunidad en el municipio, señalando que el primero fue el del exregidor Evaristo Arce, porque concilió para que la causa penal no avanzara (aunque la municipalidad no formaba parte del proceso).
También señaló lo que considera fueron errores en la toma de decisión por parte de los regidores.
"Lo hicieron de manera apresurada. Ya en 2021 el Concejo Municipal había acordado también negociar con dos de los imputados, pero al menos tuvieron el decoro de enviarlo a una comisión para darse la oportunidad de estudiar un poco el caso y que esa comisión investigara la trascendencia, pero es que, ahora no hicieron nada, simplemente la propuesta venía sin dispensa de trámite y ahí mismo corrigieron, porque en el video se nota, es algo vergonzoso", añadió.
En el recurso, Carranza señala que la aprobación de los regidores fue sin contar con el expediente judicial completo para su estudio, ni con un informe comparativo que permitiera valorar la razonabilidad de los montos conciliados en relación con el daño económico causado al ayuntamiento.
Además, menciona que no hubo un análisis técnico de proporcionalidad entre los delitos atribuidos (fraude de ley, peculado e influencia a la Hacienda Pública) y el monto conciliado.
La tarde de este lunes los regidores tomarían la decisión de si acogen o no el recurso y de no hacerlo, Carranza también presentó el recurso de apelación para que este se eleve al órgano jurisdiccional competente para su análisis y resolución.
"En mi criterio y por lo menos en la asesoría legal que recibí, los regidores tienen dos opciones, aprobarlo y enmendar el caso o rechazarlo y entonces podría irse a casación", explicó.
Carranza concluyó diciendo que el recurso lo presenta en calidad de ciudadano contribuyente y como parte interesada en la protección del patrimonio público municipal
¿Cuál es el caso?
Según publicaciones de los medios digitales El Norte Hoy y La Región, el caso surgió en 2010 cuando el entonces regidor, Carlos Corella, presentó una denuncia contra exfuncionarios municipales y empresarios quienes se habrían beneficiado con más de 108 millones de colones en contratos con la municipalidad, entre 2008 y 2010.
Según publicaron ambos medios, los empresarios ganaron al menos cuatro licitaciones y once contrataciones directas gracias a la influencia de una exfuncionaria del departamento de proveeduría y quien era familiar de uno de los empresarios.
En 2015, según detalló La Región, los imputados propusieron un pago de 30 millones de compensación para conciliar, sin embargo, la propuesta fue rechazada por los regidores de ese entonces.
Mientras que, en 2021, el Concejo Municipal aprobó otra conciliación con los empresarios, en esa ocasión se aprobó con 6 votos a favor y 3 en contra de los regidores Pablo Rodríguez, Vanessa Ugalde y Diana Corrales.
