La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó una acusación contra Óscar Cascante Cascante, quien fue diputado durante el periodo 2018-2022.
La acusación lo señala como sospechoso de los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio.
El Ministerio Público comunicó la acusación a la Procuraduría General de la República el pasado 23 de junio.
Corresponde ahora a la Procuraduría decidir si presentará una querella y una acción civil resarcitoria.
La acción civil buscaría reclamar un monto económico por los daños y perjuicios causados al Estado.
Según los hechos incluidos en la acusación, entre 2018 y 2021 el exdiputado habría utilizado su cargo para influir en funcionarios públicos.
El supuesto objetivo de esa influencia era favorecer a la organización criminal del caso conocido como Turesky.
Las gestiones habrían ocurrido ante funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo, del Banco Popular y del Banhvi.
De acuerdo con la Fiscalía, aunque los funcionarios no accedieron a las gestiones, el imputado habría recibido dádivas por medio de transferencias electrónicas SINPE.
El expediente regresará a la FAPTA para que lo remita al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Ahí solicitarán el auto de apertura a juicio correspondiente al expediente 19-000050-0033-PE.
La acusación sigue en etapa preliminar y se está a la espera de la decisión de la Procuraduría sobre su participación en el proceso.
