La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirige seis allanamientos, con el fin de recolectar prueba documental y digital, para incluir a una investigación que se sigue en contra de tres funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
Los operativos están en desarrollo en tres casas y en tres oficinas de la CCSS, específicamente en los departamentos de Actuarial, Planificación y Telemática.
El despacho investiga a tres personas de apellidos Quesada Soto (asesor financiero de la presidencia ejecutiva), González Gaitán (directora actuarial) y Peraza Solano (directora de planificación).
La FAPTA indaga si González, durante una reunión virtual, habría hecho una recomendación de cómo incluir información en un documento que se presentaría ante la Junta Directiva, en fecha 9 de marzo 2023.
La FAPTA sospecha que, aparte de esta persona, los otros dos investigados aprovecharon sus puestos para condicionar los resultados del «Informe Técnico sobre la actualización del portafolio estratégico institucional 2023-2032».
De esa manera, se presume que dicho informe correspondió a una segunda versión modificada del documento que, siete días antes, habían presentado a las gerencias y Presidencia Ejecutiva de la CCSS.
Las autoridades presumen que estas personas causaron una afectación al interés público, pues el informe manipulado concluía con un panorama de ingresos insuficientes, por lo que la Junta Directiva acordó la suspensión de proyectos incluidos en el portafolio de inversiones, relacionados con construcciones, compra de terrenos y donaciones, lo que afectaría a las personas usuarias de la institución.
La FAPTA informó que, hasta este momento, no hay personas detenidas, sin embargo, como parte del proceso, a los sospechosos se les citará para que se presenten ante la Fiscalía.
El caso corresponde al expediente 23-000101-1218-PE.