La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que está a la espera de que se señale la nueva audiencia de solicitud de medidas cautelares, en contra de los señores Picado Eduarte, Batalla Otárola, Masís Castillo y Villalobos Solís, vinculados con la presunta comisión de irregularidades relacionadas con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, Guanacaste, así como en la ejecución de las obras en el aeropuerto.
En una audiencia en mayo, la FAPTA solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública que ordenara una serie de medidas cautelares en contra de estas personas.
Sin embargo, dicha instancia determinó no acoger la petición fiscal en su totalidad y ordenó solo algunas de las medidas cautelares solicitadas en contra de Batalla Otárola, Masís Castillo y Villalobos Solís, mientras que en el caso de Picado Eduarte no se ordenó ninguna medida cautelar.
En ese sentido, la Fiscalía apeló la resolución, la cual fue analizada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, el cual ordenó una nueva audiencia para conocer la solicitud de medidas cautelares en contra de Picado Eduarte así como las medidas cautelares que fueron rechazadas en contra de Batalla Otárola, Masís Castillo y Villalobos Solís.
Investigación
Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE, del caso conocido mediáticamente como "Pista oscura", tienen relación con una serie de supuestas irregularidades tanto con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste, así como en la ejecución de las obras en la pista.
Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.
Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.
Al haberse emitido la declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República.
Aparte de Castillo, Villalobos, Batalla y Picado, en la causa investigan a otras 10 personas de apellidos Naranjo Elizondo (exdirector de Aviación Civil), Amador Jiménez (exministro del MOPT, ya indagado por la Fiscalía General), Marín Fallas (jefe de Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE), Díaz Quintana (exministra de la Presidencia), Rodríguez Fallas (asesor legal de la Dirección General de Aviación Civil), Murillo Saborío (encargado mantenimiento aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil), Castellón Camacho (asesora en el Consejo Nacional de Concesiones), Baltodano Aragón (miembro Junta Directiva de CONAVI), Sánchez Zumbado y González Chinchilla (Presidente y director técnico de la obra, ambos de MECO).
