Tras 11 allanamientos la mañana de este jueves, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico sede San Carlos ordenó la captura de 17 personas sospechosas de pertenecer a una organización delictiva dedicada a la venta de clorhidrato de cocaína, crack y picadura de marihuana.
Los imputados están a las órdenes del despacho, donde se les tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares.
Los operativos se centraron en Agua Zarcas así como en Guápiles. En las diligencias, el Ministerio Público, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, decomisó droga, dinero y armas de fuego, una de ellas fabricada en Austria.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el grupo está vinculado directamente al prófugo de la justicia, Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
Se presume que era este quien proveía la droga a la estructura criminal, inclusive recibían órdenes de uno de los lugartenientes de Arias.
De acuerdo con la investigación, los sospechosos vendían los estupefacientes bajo el método del servicio exprés: recibían los pedidos de las sustancias por teléfono y luego las distribuían en vehículos que forman parte de la organización. Como parte de la logística, a la cocaína le llamaban “pollo”, al crack “abuelo” y a la marihuana “verde”.
Las entregas también las hacían utilizando a vendedores terminales de droga que operaban desde sus casas y en vía pública. Además de dominar este mercado ilícito en Aguas Zarcas, los imputados estaban ampliando su operación al vecino distrito de Venecia.
Al grupo también se le atribuye el homicidio de un hombre de apellidos Blanco Romero, el 8 de febrero pasado, en Santa Rosa de La Palmera, comunidad cercana al citado centro de operaciones de la agrupación.
Según la investigación, luego de haber vigilado al ofendido, dos sicarios se ocultaron en la parte trasera de su vivienda y lo atacaron con arma de fuego; a la víctima se le vinculaba con otra estructura delictiva que operó en la zona.
A los sospechosos se les imputa el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, en la modalidad de transporte, almacenamiento, distribución, posesión, comercio y venta de drogas, el cual contempla penas de entre ocho y 20 años de prisión, así como un delito de homicidio calificado, con una sanción máxima de 35 años.
