Las familias en condición de pobreza que deben cumplir cuarentena a causa de la COVID-19, podrán recibir entre ¢50.000 y ¢70.000 para garantizar la salud de sus hogares. Imagen con fines ilustrativos tomada de la UCR

Las familias en condición de pobreza que deben cumplir cuarentena a causa de la COVID-19, podrán recibir entre ¢50.000 y ¢70.000 para garantizar la salud de sus hogares.

“Atención por Orden Sanitaria de Aislamiento Domiciliar (COVID-19)”, es el nuevo protocolo promulgado por el IMAS para ayudar a las familias que reciban orden de aislamiento.

Para este beneficio, priman la valoración socioeconómica, la calificación de pobreza y el criterio de la persona profesional competente. Su vigencia queda sujeta al periodo establecido en la orden sanitaria y, según la situación particular, se puede extender por más de un mes.

Para Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, “cuando se lleva sobre los hombros la responsabilidad de otros miembros del hogar y se ordena el aislamiento temporal, debemos garantizar que la ausencia de recursos no sea causa de dispersión del contagio”.

La población beneficiaria la constituirán personas jefas de hogar en situación de pobreza o de vulnerabilidad, que tengan una orden sanitaria de aislamiento domiciliar y carecen de una incapacidad de la CCSS o del INS que les provea de la prestación económica para atender las necesidades básicas de su grupo familiar.

Para acceder al beneficio, las autoridades habilitan mecanismos de atención conjunta cuando el Ministerio de Salud o la CCSS o el ente competente, en articulación con los Comités Municipales y Regionales de Emergencia y las Áreas Regionales de Desarrollo Social o Unidades Locales de Desarrollo Social identifiquen familias en situación de pobreza extrema o pobreza que cuentan con una orden sanitaria de aislamiento domiciliar (COVID-19).

De ser necesario, la familia también podrá realizar la solicitud directamente ante el IMAS o autorizar a un tercero para que lo realice.

Las personas privadas de libertad, integrantes de centros de cuido permanente o que son desplazadas a un albergue y deben cumplir con la orden de aislamiento domiciliar en ese centro, no podrán optar por el beneficio, pues ya cuentan con los servicios esenciales. En estos casos, se exceptúa a quienes cuenten con una valoración de un profesional del IMAS que así lo recomiende por condiciones especiales.  

Estarán excluidas de este subsidio también las personas o familias con transferencias monetarias del Estado iguales o mayores a ¢50.000, incluido el “Bono Proteger”.

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