Monseñor José Manuela Garita, es el Presidente de la primera Comisión de este tipo en el país. Foto: SCD
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Tal y como lo instituyó el Papa Francisco en 2014, con la constitución de la Comisión Pontificia para protección de menores, ahora la Diócesis de Ciudad Quesada responde al llamado.

Las constantes denuncias, en los últimos años, sobre abusos sexuales de menores cometidos por sacerdotes, religiosos y servidores de la Iglesia Católica, llevaron a conformar la iniciativa primero a nivel internacional y ahora a nivel nacional.

En el caso del país, en Ciudad Quesada crean esta primera Comisión, que la decreta el Obispo Monseñor Jose Manuel Garita.

«Lo que nos corresponde como Comisión es procurar el cuidado efectivo pastoral de las víctimas y de los sobreviviente de abuso sexual y nos corresponde buscar un ambiente de protección ante tales delitos, nos corresponde cumplir eficazmente lo que la Iglesia nos pide y ser un medio, si se quiere, más pronto ante alguna denuncia» explicó Gerardo Mora, miembro de la comisión.

La Curia Diocesana, en Barrio San Martín, es el centro competente en el que, la Comisión trabaja y donde reciben ya, las denuncias.

Prevención y formación es parte el trabajo de este grupo de ciudadanos y personas vinculadas a la Iglesia.

«Son varios años, décadas en que la Santa Sede ha ido propiciando normas para que la Iglesia Católica sea un lugar seguro, como tiene que serlo. Han pasado cosas que no tienen que pasar pero como institución humana ocurren y lo más reciente fue la creación de esta comisión creada por el Papa y a partir de ahí se dieron lineamientos a las Diócesis y nosotros somos la primera en el país», añadió Mora.

La Comisión Diocesana para Protección de Menores y Adultos Vulnerables está compuesta por: el suscrito Obispo diocesano como Presidente, Pbro. Albán Arroyo Vega (derecho canónico), Lic. Ivannia Barboza Carvajal (derecho civil), Bach. Gerardo Mora Pana (comunicación), Lic. Angie Pamela Mejías Espinoza (psicología) y el Sr. Ignacio Mesén Aguilar (administración diocesana).

Según el decreto firmado por el Obispo José Manuel Garita, las funciones de esta Comisión son:

– La curación y el cuidado pastoral de las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual, buscando un ambiente de prevención ante tales delitos.

– El cumplimiento de políticas eficaces, procesos adecuados y procedimientos útiles para las denuncias sobre abusos sexuales a menores por parte de clérigos o laicos voluntarios de la Iglesia, así como para la protección de menores y adultos vulnerables, en coordinación con la Comisión Nacional de Protección de Menores y Adultos Vulnerables.

– Dado que el abuso sexual de menores no es sólo un delito canónico, sino también un crimen perseguido por la autoridad civil, sin perjuicio del foro interno o sacramental, siempre que se sigan las prescripciones de las leyes civiles, esta Comisión remitirá los delitos de abuso a las legítimas autoridades civiles correspondientes, y colaborará con ellas en todo cuanto sea posible. Esta colaboración no se refiere sólo a los casos de abuso sexual cometido por clérigos, sino también a aquellos casos de abuso en los que estuviera implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras eclesiásticas.

«Es bueno que se adopten a nivel universal, procedimientos dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles. Deseo que este compromiso se implemente de manera plenamente eclesial», cita el Papa Francisco en el documento que envía a las Diócesis para la conformación de estos grupos.

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