Con la aprobación en segundo debate del expediente 24.334, se marca un hito para el fortalecimiento de las comunidades rurales del país.
La nueva ley, que impulsó el diputado sancarleño, Joaquín Hernández, permitirá al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) transferir recursos directamente a organizaciones locales como ASADAS, asociaciones de desarrollo, cooperativas, y otros entes territoriales, con el fin de ejecutar obras que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
La iniciativa, presentada el año anterior, fue respaldada de forma mayoritaria por las y los diputados en el Plenario Legislativo. Este respaldo convirtió la propuesta en Ley de la República, brindando nuevas herramientas para fomentar el desarrollo integral y sostenible en zonas tradicionalmente marginadas del país.
Según lo explicado por la proponente del proyecto durante su intervención, el objetivo principal es canalizar los recursos de manera eficiente hacia quienes realmente conocen las necesidades de cada territorio.
«Nadie mejor que las propias comunidades para saber qué obras requieren y cómo ejecutarlas», afirmó Hernández.
La nueva legislación abre la puerta para que organizaciones comunales puedan recibir directamente los fondos, sin necesidad de intermediarios que suelen ralentizar los procesos. Esto representa un cambio de paradigma en la administración de recursos públicos orientados al desarrollo rural.
Además, destacó que la norma contempla mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas para garantizar el uso adecuado de los fondos. Las organizaciones beneficiadas deberán cumplir con requisitos específicos de transparencia y capacidad operativa, según se estableció en el texto aprobado.
Durante la discusión del proyecto, varios diputados y diputadas resaltaron la importancia de empoderar a las comunidades rurales, que muchas veces enfrentan obstáculos burocráticos para ejecutar proyectos esenciales como acueductos, caminos, centros comunales o sistemas de riego.
El diputado Hernández agradeció públicamente a sus compañeros por el respaldo recibido. “Gracias por entender que invertir en desarrollo rural no es un gasto, es una inversión social y económica que beneficia al país entero”, expresó.
También resaltó que esta ley es producto de escuchar a las comunidades y responder a una necesidad histórica.
“Esta no es una ley de escritorio, es una ley que nace desde el territorio, desde la lucha de las comunidades que han hecho mucho con poco durante años”, afirmó.
La idea es que en los próximos meses el INDER empiece a trabajar en los lineamientos y procedimientos necesarios para implementar esta nueva facultad, priorizando aquellas zonas con mayores índices de rezago social y económico.
Con esta aprobación, Costa Rica da un paso más hacia la descentralización efectiva, promoviendo una participación activa de las comunidades en su propio desarrollo y fortaleciendo la articulación entre el Estado y los actores locales.