Los servidores públicos son los encargados de movilizar el aparato estatal de un país. Desde la implementación de la función pública con la conceptualización del Estado, es en ellos que ha recaído la responsabilidad de realizar un adecuado ejercicio administrativo en pro del desarrollo.
En Costa Rica, la función pública se tutela por varias fuentes del derecho, siendo la Constitución Política, los Tratados Internacionales adscritos y las leyes o demás actos con valor de ley, las principales normas para la correcta gestión pública. Sin embargo, es en la Ley General de la Administración Pública donde se pautan los alcances y limitaciones que los servidores públicos poseen.
Para nadie es un secreto que la función pública ha sido objeto de críticas por años, ya sea por algunos sonados casos de corrupción ventilados en medios de comunicación masiva, o bien por la diferenciación diametral que se tiene con respecto a la actividad privada.
Quizá todo tiene una explicación lógica, ya que, luego de la conformación de la Segunda República, allá por el año de 1949, el país requería de una seguridad jurídica que no se viera amenazada con el cambio de Administración cada 4 años. Recordemos que, en algún tiempo remoto, cada Presidente entrante, llegaba con su gente a obstaculizar el avance de los “proyectos país” que no se lograron ejecutar dentro del cuatrienio recién finalizado.
Por tal razón, se crearon reformas garantistas a favor de los servidores públicos, para que su movilidad laboral o despido se supeditara meramente a faltas graves disciplinarias y no así a disposiciones arbitrarias e injustificadas de algún mandatario y su gabinete.
La creación del Estatuto de Servicio Civil y el fortalecimiento de los regímenes laborales de las instituciones autónomas, fueron parte de esas medidas proteccionistas que a la fecha se han convertido en el arma idónea para aquellos que han malentendido estas prevenciones constituyentes, como inamovilidad laboral y desidia a las funciones asignadas.
Es claro que también existen buenos funcionarios públicos que entienden a cabalidad la importancia de su razón de ser y conocen de entrega y dedicación a sus labores ordinarias, pero también es enorme el sector que ha aprovechado aquella coyuntura histórica del país para generar una oda a la burocracia y a la ineficiencia, en total detrimento al crecimiento del país.
Desde funcionarios fielmente apegados a un horario de 8 horas diarias, que ven como nula y casi insultante la posibilidad de trabajar tan siquiera medio segundo de más, por el simple hecho de que pocas veces es reconocida mediante el pago de horas extras, hasta aquellos que les es indiferente tener un rendimiento paupérrimo en sus labores ya que el pago quincenal o bisemanal llegará puntualmente sin importar el esfuerzo y empeño aplicado.
Otros, complican de sobre manera las gestiones a sus cargos, inventando un nuevo idioma que bien podría llamarse el lenguaje del “Oficio”, ya que la vía oral dejó de ser válida y el medio de comunicación estatal evolucionó, o más bien retrocedió, a un intercambio de papeles fechados y con número de oficio, por el simple hecho de tener un respaldo de lo que dijo fulanito de tal, en caso de un eventual proceso administrativo o en otra vía judicial.
El Estado, irónicamente crece cada vez más, a pesar de que la tecnología ha entrado agresivamente en escena a realizar funciones que hace años requerían de múltiples servidores públicos pero que ya no. La razón es simple, los constituyentes del 49 hicieron un exquisito trabajo de blindaje que a la fecha permanece perenne vigilado celosamente por sindicatos y demás medios de presión que a ultranza defienden cada uno de los beneficios vigentes, sin importar ser merecedores de ellos o no.
Pero no todo es tan malo, los buenos funcionarios no son un mito ni están extintos como los dinosaurios, los hay y muchos, son ellos los que empujan a que este país avance, aunque sea a razón de centímetros por año. El país requiere más ejecutores y menos burócratas, más dinamismo y menos pasividad, más acción y menos zona de confort, pero sobre todo más resultados y menos trabas.
La función pública nunca desaparecerá porque es necesaria e importantísima, pero sí debe dar un giro de 180 grados para que algún día el país deje de estar en las vías de desarrollo que desde hace década está, para competir codo a codo con las exigencias de un mundo globalizado.
El autor es Funcionario Público.
Por: Esteban Coto Corrales
Cédula: 1166 0807
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