Actualmente es interesante observar los diferentes artículos tanto de medios escritos como televisivos que se publican día a día sobre la deuda del estado costarricense y cómo esta carcome casi a un 50 por ciento del producto interno bruto de nuestro país, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda.
Siendo el tema de la deuda pública un “pilar” para nuestro estado social y democrático es importante la ecuanimidad en el uso de los fondos públicos y sobre todo, la transparencia en el empleo de estos recursos.
Los funcionarios públicos, en su función de depositarios de las leyes, están llamados a proteger y a defender el interés público, es de ahí de donde nacen directrices institucionales, para la sana administración de los recursos públicos. Es razonable que bajo ese marco normativo el Estado costarricense adquiera financiamiento externo para lograr la ejecución de proyectos de impacto y bienestar social; por lo tanto nace la imperativa necesidad de la eficiencia en la ejecución de estos recursos y su impacto directo en las necesidades sociales de la ciudadanía.
Nuestro país es garante en varios empréstitos financiados con deuda externa con el fin de aplacar la lista de necesidades sociales, educativas y sanitarias de los ciudadanos costarricenses; por lo que al cierre de 2017 se obtuvieron financiamientos externos con diferentes entidades internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento entre otros, quienes son los principales “socios estratégicos” nada más y nada menos que por 4.300.838.325 millones de dólares para diferentes áreas estratégicas de bienestar de nuestro país; tales como energía, salud, infraestructura, educación, deporte, seguridad y emergencias nacionales.
El manejo de esos créditos internacionales es muy similar a la construcción de una vivienda familiar financiada, en la cual tanto el futuro dueño de la vivienda como el banco “socio” deben apegarse como mínimo a un cronograma de trabajo, plan de inversión, permisos, desembolsos entre otras sanas prácticas; que permitan una seguridad para el banco del retorno del crédito así como el disfrute de la inversión por parte de la familia. Sin embargo, esta analogía se queda corta ya que, los procesos administrativos y los depositarios de la función pública presentan limitaciones por diferentes motivos en donde son evidentes las demoras, incumplimientos y plazos extendidos por falta de planificación.
De los 30 créditos para diversos proyectos dos buenos ejemplos son el Fideicomiso para el financiamiento del proyecto de construcción y equipamiento de infraestructura educativa del MEP a nivel nacional, por un monto principal de 167.524.234.00 millones de dólares de los cuales, han desembolsado al gobierno 60.884.103.00 y tiene un avance físico de 0.00%. Otro proyecto con avance físico en 0.00% es el Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega para el cual han desembolsado 5.672.529.00 millones de dólares.
De los créditos vigentes al 31 de diciembre de 2017 se pueden realizar diversos y rigurosos análisis sobre el uso de los fondos públicos obtenidos de financiamientos externos sin embargo, la suma de pagos de comisiones a estas entidades financieras se va a mantener en 7.840.067.00 millones de dólares a la fecha indicada; comisiones pagadas de préstamos que no se han ejecutado y ni siquiera en algunos casos han colocado la primera piedra. En otra arista, y no menos preocupante, están las pifias administrativas de las cuales se desconocen os responsables directos pero los números no mienten por 269.136.299.80 millones de dólares, monto que significa el costo de más por retrasos en las obras que las unidades ejecutoras reportan.
Esta falta de planificación es una evidencia de la ausencia de estudios previos desde las ópticas técnica, normativa, social y económica. No hay una articulación del gobierno central llámese poder ejecutivo que armonice una lista tipo “paco y lola” de los requerimientos necesarios para llevar a cumplir con éxito estos empréstitos y sobre todo, con el costo beneficio positivo para el pueblo de costarricense.
Los ciudadanos costarricenses requerimos una solución y no un problema más en el uso sano y responsable de los recursos públicos, no solo se requiere aplacar la necesidad de infraestructura, educación, salud, energía, deportes y desarrollo sostenible de un pueblo, sino hacerlo de la mejor manera y no pagar esos montos millonarios por competencias administrativas de las instituciones y poderes de la república.
Sobre el autor del artículo
MAF. Diego Alonso Madrigal Cruz
Cédula: 205750204
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