La mañana de este martes, el OIJ y la Fiscalía Anticorrupción realizaron 23 allanamiento dentro de la causa que investiga la intervención, mediante un contrato de emergencia, de la pista del aeropuerto de Liberia.
Por estos hechos ya hay cuatro personas detenidas, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y otros dos hombres de apellidos Villalobos y Castillo.
Los allanamientos ocurren en las casas de los detenidos y además, en instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Dirección General de Aviación Civil, así como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
En declaraciones a Telenoticias, el Fiscal General, Carlo Díaz, confirmó además que dentro de la causa figuran como imputados el exministro Luis Amador y la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
Según el informe preliminar, los hechos con los que se vincula a estos sujetos, presuntamente, iniciaron el 21 de junio de 2023.
Esto a raíz de que, en apariencia, uno de los sospechosos, quien, aparentemente, forma parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, presuntamente, habría solicitado al Poder Ejecutivo que se incluyera el cantón de Liberia, en la provincia de Guanacaste, dentro de los cantones afectados por los efectos de las ondas tropicales 11, 12 y tormenta tropical Bonnie, esto con el supuesto objetivo de poder gestionar procesos licitatorios bajo el régimen de excepción establecido en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Lo anterior, para, presuntamente, poder adjudicar la contratación denominada: “Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós” a una empresa privada dedicada a la construcción, en este caso específico MECO, para que, supuestamente, llevara a cabo la ejecución de las obras; aparentemente, adjudicación que adquirió firmeza el 29 de enero de 2024.
A raíz de esto, aparentemente, se inició con el proyecto de reparación de la misma con base a los términos cartelarios y especificaciones que fueron definidos por personeros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil; esas especificaciones lo que pretendían era la reparación no solo de la parte superficial de la pista sino también de las capas subyacentes, lo cual le daría mucho más tiempo de vida útil a la pista y además estaría cumpliendo con la intervención de los daños que tenía toda la pista, que, en apariencia, habían sido provocados por las ondas tropicales y tormenta ya referidas.
A pesar de lo anterior y durante el transcurso del proyecto, supuestamente, la empresa constructora, que fue la empresa adjudicada, planteó la necesidad de una ingeniería de valor, que pretendía dar a entender que, supuestamente, no era necesario reparar algunas de las capas subyacentes de la pista porque, en apariencia, estaban en buenas condiciones y esa ingeniería de valor llegaría a modificar el objeto contractual inicial de la Licitación, siendo que, el encargado de la unidad ejecutora y personeros de Unidad de Infraestructura Aeronáutica de Aviación civil no estuvieron de acuerdo y aparentemente, a partir de ese momento empezaron a recibir presuntas presiones por parte de los sospechosos, provocando incluso que se realizara la sustitución del encargado de la unidad ejecutora, que se mostró en contra de esa variación en los términos del proyecto, para que finalmente se aceptara la Ingeniería de Valor y se ejecutara la orden de Modificación en beneficio del contratista.
Es importante mencionar que, el monto inicial de la licitación fue de aproximadamente $40 millones de dólares y el monto con la con la Ingeniería se varió aproximadamente en 4 millones.
