La Corte Plena, conformada por los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aprobó un proyecto de ley que propone una reforma al Código Procesal Penal.
La iniciativa, de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), busca acelerar y hacer más eficientes los procesos penales en el país, fortaleciendo la respuesta del sistema judicial ante la delincuencia y garantizando mayor protección a las víctimas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Orlando Aguirre, destacó la relevancia de la reforma, subrayando que responde a una necesidad urgente de mejorar la justicia penal.
“En el Poder Judicial estamos comprometidos con la seguridad y la justicia. No nos quedamos en discursos ni en repartir culpas. Estamos tomando decisiones concretas para agilizar los procesos y combatir la impunidad”, afirmó.
Principales cambios:
El proyecto de ley será enviado a la Asamblea Legislativa para su discusión y eventual aprobación. Entre las modificaciones más destacadas están:
- Si un imputado no se presenta a la audiencia preliminar sin justificación, será declarado en rebeldía.
- En delitos con penas de hasta 10 años, un solo juez (tribunal unipersonal) podrá conocer el juicio, lo que permitirá resolver más casos en menos tiempo.
- Se eliminará la práctica de posponer audiencias por la agenda llena de los abogados defensores. Si el abogado no puede asistir, el imputado tendrá cinco días para nombrar a otro o se le asignará un defensor público.
- La audiencia preliminar será el último momento procesal para acceder a una solución alterna o procedimiento especial abreviado. Por ello, la presencia del imputado será obligatoria y se convocará a la víctima.
Además, la reforma propone especializar tribunales para atender delitos de alta complejidad y crimen organizado, mejorando la administración de justicia.
La reforma, también establece plazos más cortos para audiencias y resoluciones, evitando la prolongación innecesaria de los casos.