La idea de autorizar la explotación minera a cielo abierto en Crucitas está sobre la mesa otra vez en la Asamblea Legislativa; pero si no se ajustan varios elementos críticos, el proyecto podría naufragar antes de despegar.
Basta con leer el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica para saber que cualquier regresividad ambiental será tumbada por la Sala IV, y con razón. En varias ocasiones lo he mencionado, incluso algunos diputados directamente, y fundamentado a informe de Servicios Técnicos de la misma Asamblea Legislativa, si no se acompaña de estudios técnicos serios que evidencien que el daño ambiental actual es mayor que el de una eventual explotación controlada, el Frente Amplio y otros sectores ya tienen lista la objeción.
Desde mi punto de vista, hay que ir más allá de la minería pura. Los proyectos actuales carecen de una visión integral en varios sentidos como recuperación ambiental, desarrollo de la actividad integrado con comunidades, y otras variables. Si no se incluye desde la ley una estrategia obligatoria de restauración realista —como reforestación, conservación de nacientes o regeneración de suelos— por parte de los concesionarios, el rechazo será frontal. Sin esa perspectiva ecológica incorporada al modelo, el proyecto nacerá con enemigos bien argumentados.
Otro tema delicado es que la propuesta a mi criterio es limitada en la participación de los pequeños extractores. En apariencia, está pensada para medianos o grandes oferentes, dejando fuera a los artesanales que por años han trabajado (legal o ilegalmente) en la zona. Esa exclusión no solo genera tensión social, sino que puede fomentar más contrabando y minería informal, en una zona fronteriza abierta perfecta para ese contrabando. Urge manejar con transparencia las expectativas y diseñar mecanismos de inclusión o reconversión productiva para los vecinos.
En lo fiscal, un acierto es la propuesta del royalty del 5% o el que se determine sobre bases internacionales reales sobre ventas brutas, no sobre utilidades. El margen bruto es mucho más difícil de manipular, y reduce el riesgo de evasión fiscal por medio de trucos contables. Pero esto debe estar blindado en ley, no dejarse abierto a reglamentos o ajustes posteriores.
El gran peligro, sin embargo, es que ese royalty termine en la caja única del Estado, expuesto a la arbitrariedad del gobierno de turno. La distribución del ingreso debe estar claramente dirigida al desarrollo sostenible de la zona: seguridad, salud, caminos, educación, conservación ambiental. Si no se estructura así desde el inicio, no será desarrollo, será extractivismo clásico con otro nombre.
En resumen: sin estudios técnicos, sin componente ambiental obligatorio, sin inclusión social, sin control fiscal y sin una distribución regional del beneficio, volveremos a fracasar. Crucitas necesita una solución responsable, no una repetición de los errores que ya conocemos demasiado bien.
MAF. Nelson Ugalde Rojas.
Expresidente municipal