En cuestión de dos días, Leonidas Vásquez, quien fungía como director tributario de la Municipalidad de San Carlos y, Alexander Bogantes, director de patentes, podrán regresar a sus puestos.
El Ministerio de Trabajo ordenó a la alcaldesa de San Carlos, Karol Salas Vargas, regresarlos en un plazo de dos días debido a que violó el fuero sindical de ambos.
Bogantes es el presidente de ANEP, seccional Municipalidad de San Carlos mientras Vásquez, es el vicepresidente. Ambos fueron despedidos, sin responsabilidad patronal, el pasado 16 de febrero.
La entidad señala que, la alcaldesa los despidió sin la respectiva autorización de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como está establecido.
Así consta en el acta de inspección emitida este 11 de marzo por dos funcionarios del ministerio, tras realizar una visita a las instalaciones del ayuntamiento sancarleño.
"La señora alcaldesa municipal debió gestionar la autorización del despido de previo a la notificación de la resolución final", dice el documento.
Esto se traduce en un despido ilegítimo no autorizado, advierte el Ministerio de Trabajo.
Ahora, Salas deberá responder al plazo de dos días para corregir la situación y en ese lapso, los inspectores de trabajo realizarán una nueva visita para comprobar el ajuste del caso a derecho.
También, deberá anular el proceso administrativo de despido y en caso de querer continuar, tendrá que reiniciarlo desde cero con el debido proceso.
Trabajo advierte que en caso de incumplimiento, procederá a plantear una acusación formal ante los Tribunales de Trabajo, según establece el Código de Trabajo. Además, el municipio podría tener que hacerse cargo de multas que oscilan entre 1 y 23 salarios base, es decir entre los ¢400.000 y los ¢9.200.000.
El caso
Leonidas Vásquez y Alexander Bogantes fueron suspendidos de sus cargos en junio de 2023, relacionados a presuntas irregularidades en los permisos y costos de impuestos para el concierto de Christian Nodal, el 19 de febrero de 2022.
En su momento la alcaldesa Karol Salas, hizo un Facebook Live para hacer públicas las denuncias de los hallazgos que hizo la administración en ese proceso. Por ejemplo que el pago de impuestos fue por ¢16 millones pero, lo correspondiente eran ¢49 millones.
Al mismo tiempo de hacer público el caso, Salas inició una investigación interna que tardó poco más de un año hasta suspender a los funcionarios, con goce salarial. Concluyó en junio 2023.
A partir de ahí, la administración inició un órgano del debido proceso mediante la contratación de un abogado externo que concluyó con el despido de ambos, por las aparentes inconsistencias.
No obstante, la alcaldesa omitió el debido proceso, según detalló el Ministerio de Trabajo por lo que deberá regresarlos a sus cargos.
La notificación de la entidad gubernamental permite un recurso de revisión, mismo que deberá presentar la administración municipal en dos días.
