En agosto de 2018 la ministra de hacienda, Rocío Aguilar, sorprendió a los diputados al hacer uso del artículo 145 de la constitución política, que faculta a los ministros de gobierno para intervenir en el plenario legislativo cuando estos lo consideren necesario.
Los casos de ministros compareciendo en el plenario por voluntad propia son poco frecuentes, sin embargo, la actual ministra de hacienda ha utilizado la herramienta para recordar la urgencia de hacer ajustes fiscales en Costa Rica.
Esta vez Aguilar se apersonó para resolver dudas de los diputados y presionar por el proyecto de eurobonos. Este proyecto fue aprobado en primer debate para cubrir las necesidades de financiamiento de 2019, originalmente el ministerio solicitó aval para emitir eurobonos para cubrir la necesidad de dueda por seis años.
Los diputados recortaron el monto original y además establecieron condiciones para aprobar futuras autorizaciones. Aguilar lamentó que no se autorizara un mayor plazo dada la necesidad de repetir el proceso en el corto plazo.
La ministra también aclaró dudas sobre la cobertura que tendrá la regla fiscal aprobada en el marco de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La Unión de Gobiernos Locales, con el apoyo de diputados de distintas fracciones, buscó en meses pasados la posibilidad de que las municipalidades quedasen fuera de la aplicación de la regla fiscal.
Los diputados indicaron entonces que las reglas que Hacienda planea implementar limitarán la atención de obligaciones de los gobiernos locales con sus contribuyentes.
De igual forma las universidades públicas emitieron comunicados en los cuales afirmaban que la implementación de la regla fiscal iría contra la disposición constitucional sobre la negociación del presupuesto de las universidades públicas.
La Universidad de Costa Rica indicó que clasificar a las universidades como parte del sector público no financiero las incluye, tácitamente, dentro de los alcances de la autoridad presupuestaria y por lo tanto sería inconstitucional.
No obstante, la ministra de hacienda aclaró a los diputados que la aplicación de la regla fiscal será para todo el sector público no financiero, universidades incluidas. La única excepción serán las empresas públicas que operan en competencia, la factura petrolera y los seguros y pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Aguilar le mencionó a los diputados que cualquier intento “de querer salirse de esa regla, chocaría contra pared”. Y concluyó que no presentaría un presupuesto que no cumpla con la ley y que además está segura de que los diputados no lo aprobarían.
