El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa incorporar el homicidio doloso en la lista de delitos que permitirían la extradición de ciudadanos costarricenses.
Esto, como parte de una reforma al artículo 32 de la Constitución Política.
“Costa Rica no puede ser refugio de sicarios y homicidas”, expresó el jerarca, quien manifestó su respaldo a la iniciativa legislativa tramitada mediante el expediente 25.122, pero hizo un llamado a fortalecerla incluyendo este delito grave.
Actualmente, el artículo 32 establece que ningún costarricense puede ser obligado a salir del país, salvo en casos de terrorismo o tráfico internacional de drogas, y siempre que los tribunales lo autoricen conforme al debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales.
El artículo ya fue modificado y aprobado el pasado 20 de mayo para ampliar esa lista.
Ahora, los legisladores impulsan agregar delitos como tráfico ilícito de órganos, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico ilícito de armas y tráfico de migrantes.
Zamora destacó la importancia del esfuerzo multipartidario para robustecer los instrumentos legales que permitan combatir el crimen organizado, pero insistió en que el homicidio doloso debe formar parte de esta lista para cerrar espacios de impunidad.
“Desde el Ministerio de Seguridad Pública la única observación de mejora que hacemos a este esfuerzo es la de incorporar la figura del homicidio doloso”, reiteró.
La discusión legislativa continúa en curso y podría marcar un hito en la política de extradición del país, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la violencia y el crimen organizado.
En los últimos años, el país ha enfrentado un incremento sostenido en los casos de homicidios relacionados con ajustes de cuentas, sicariato y crimen organizado, lo que ha generado presión sobre el sistema judicial y preocupación entre la ciudadanía.
Para el ministro Zamora, permitir la extradición en estos casos enviaría un mensaje claro de que ningún crimen quedará sin consecuencias, sin importar la nacionalidad del responsable.
