Una vez más, el caserío de Chorreras, ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, evidencia su importancia estratégica para las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en Crucitas.
Mientras oficiales de la Fuerza Pública y funcionarios del SINAC continuaban con el proceso de notificación de desalojo a las personas que han invadido esta área protegida, según dicen, las autoridades descubrieron un inmueble utilizado como taller clandestino y bodega de combustible.
En el sitio hallaron dos tómbolas y dos cilindros metálicos que serían utilizados para fabricar nuevas máquinas.
Las tómbolas son artefactos usados para procesar material minero, actividad prohibida en esta zona.
Además, encontraron nueve pichingas con aparente gasolina, cada una con cerca de 30 litros de combustible. Todo fue decomisado de inmediato por la Fuerza Pública.
El comandante Junier Villalta Rubí, director regional de la Fuerza Pública en la frontera norte, confirmó que este lugar también funcionaba como punto de almacenamiento y tránsito de productos tóxicos con destino a Crucitas.
En otras ocasiones, las autoridades detectaron en Chorreras sitios donde operan centros de procesamiento de material minero y cuarterías ilegales en condiciones insalubres, utilizadas para alojar a oreros, en su mayoría nicaragüenses.
Desde el pasado fin de semana, el Ministerio de Seguridad Pública brinda acompañamiento al SINAC, Ministerio de Salud, Dirección de Migración, Municipalidad de San Carlos y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para avanzar en el proceso de notificación del desalojo judicial que se ejecutará en aproximadamente un mes.
La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela con sede en Ciudad Quesada.
Aplicará una vez concluido el proceso de notificación a todas las personas que han ocupado ilegalmente el perímetro del refugio.
El objetivo principal de las autoridades es frenar el daño ambiental provocado por esta actividad ilegal.
De acuerdo con reportes recientes, en esta zona protegida ya se han deforestado más de 20 hectáreas de bosque, además de registrarse contaminación de mantos acuíferos, situación que agrava el impacto ambiental en el norte del país.
El Ministerio de Seguridad reiteró que se mantendrá en el sitio como parte del trabajo interinstitucional para recuperar el área protegida y desalojar a quienes hoy la ocupan de forma irregular.
Mientras, los pobladores de la comunidad apelaron la resolución judicial y exigen que les expliquen las condiciones del proceso pues, no los alertaron de previo.
