La Fiscalía Anticorrupción, Probidad y Transparencia confirmó que uno de los 23 allanamientos de este martes, tuvo sede en San Carlos.
El caso, al que las autoridades llaman "Pista Oscura", tiene que ver con el aparente desvío de $40 millones para la rehabilitación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber bajo un decreto de emergencia.
La diligencia en el cantón estuvo a cargo de agentes de la sección Anticorrupción del OIJ, en la vivienda de un ingeniero de apellido González en Colón de Ciudad Quesada.
Según la información judicial a este medio, se trató solo de un secuestro de información pues González, en apariencia, es funcionario de la empresa MECO; misma que tuvo a cargo las obras en Liberia.
El hombre no quedó detenido, la acción policial tenía como intención solo recabar prueba para el caso en investigación.
Este martes, el OIJ y la FAPTA realizaron los 23 allanamientos para dar con la detención de cuatro personas, sospechosas de los delitos de: tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
A este momento, las autoridades judiciales confirman la detención de 4 personas: El exministro del MOPT Mauricio Batalla; Alejandro José Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias; Marco Castillo Masís, actual director general de la Dirección General de Aviación Civil y Herny Villalobos Solís, ingeniero fiscalizador de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la Comisión Nacional de Emergencias.
Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE tienen relación con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.
Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.
Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.
