La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirige 28 allanamientos como parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
Los trabajos operativos se ejecutan con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, y hasta el momento se encuentran detenidos seis altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta, de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
De acuerdo con la FAPTA, se trata de un caso en el que la JD se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS.
Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa Junta Directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
En este momento, los equipos de fiscales y policías trabajan en el registro de los inmuebles allanados, para localizar prueba que puedan incorporar al expediente bajo investigación 24-000267-1218-PE.
