De forma exclusiva, San Carlos Digital conversó con Erich Rauguth, Presidente de Infinito Gold, quien desde Canadá atendió las consultas sobre el arbitraje internacional al que la empresa, sometió al país luego de que tuviera que salir de Crucitas en Cutris y dejar el proyecto que pretendía la explotación minera
La demanda de arbitraje internacional interpuesta por Infinito Gold, se tramita ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, desde 2014 y está en su fase final a la espera de que se dicte el laudo.
La empresa canadiense reclama $394,8 millones como parte de la inversión realizada y los daños percibidos.
¿Por qué la empresa toma la decisión de demandar a Costa Rica?
"En el momento en que la empresa presento el arbitraje, ya se le habían cancelado todas sus licencias y permisos de explotación después de haber realizado una inversión significativa en el Proyecto Crucitas proveniente de fondos prestados y de los accionistas, y por lo tanto no le era factible marcharse del país sin tomar acciones al respecto pues hubiese sido irresponsable de su parte. Como todas las empresas, Infinito Gold tiene un deber fiduciario para con sus accionistas y una responsabilidad financiera para con sus prestamistas, el no haber buscado una indemnización por la pérdida del proyecto habría privado a nuestros accionistas de recuperar la inversión realizada y provocaría el incumplimiento de nuestras obligaciones financieras con nuestros acreedores "cargando dicho costo a nuestro accionistas.
Adicionalmente, el hecho de no proceder a reclamar una indemnización existiendo una vía legal para hacerlo implicaría que la empresa estaría aceptando todos los hechos que se le imputaron y que provocaron la cancelación del proyecto como razonables, lo que en nuestra opinión y según lo demuestran los acontecimientos más recientes, no lo son"
¿Cuál fue la inversión total de la empresa en el proyecto?
"Hasta ahora, el costo del Proyecto Crucitas asciende a la suma de US$180 millones, lo cual representa el doble de lo que hubiese sido desarrollar completamente el proyecto a una mina de oro en producción"
¿Qué incluyen los $394 millones que reclama la empresa en la demanda?
"El reclamo de $394MM incluye los costos de exploración, los costos de construcción y mantenimiento, y los beneficios netos potenciales no realizados de la operación minera como consecuencia de la cancelación del proyecto"
¿Cómo se ha desarrollado ese proceso, cuándo estima que podría salir el fallo y qué espera de ello?
"El proceso se llevó a cabo de conformidad con lo que establecen las reglas generales del arbitraje internacional y esperamos una decisión del Tribunal en algún momento de este año 2020"
¿En caso de que la empresa gane el litigio, ¿Estarían en disposición de retomar el proyecto en Crucitas y asumir el costo ambiental actual?
"La Compañía está siempre en la mejor disposición de explorar todas las posibilidades, claro está todo depende de los criterios legales y las voluntades políticas que prevalezcan en el momento de que se presente tal situación"
¿Qué impresión le genera lo que está ocurriendo en Crucitas en cuando al daño ambiental y social?
"La verdad no me sorprende en lo absoluto que la mina Crucitas haya sido objeto de una invasión y explotación ilegal por parte de los coligalleros, esta situación se hizo saber al entonces Ministro de Ambiente y Energía (Carlos Manuel Rodíguez, también hoy ministro de esa cartera), que podría suceder. Permítame explicarme, poco después de la elección de don Abel Pacheco, tuve la oportunidad de reunirme con el Ministro para comprender mejor cómo las políticas de su gobierno impactarían nuestro esfuerzo por desarrollar el Proyecto Crucitas en una mina, fue entonces cuando en una forma muy clara, directa y transparente el Ministro me hizo saber que ni el Presidente ni él estaban de acuerdo con la minería, más sin embargo independientemente de su posición personal se respetarían todos los derechos adquiridos. Esto me tranquilizo a mí, y posteriormente a la Compañía, ya que estábamos seguros de que nuestros derechos para extraer el depósito de oro estaba asegurado.
Sin embargo, también le mencione al Ministro que lo más conveniente para Costa Rica era desarrollar y controlar la operación de la Mina Crucitas a través de una empresa como Industrias Infinito S.A., dado que era una empresa respetuosa de todas las regulaciones y consciente de sus responsabilidades sociales, y donde tanto el Ministerio de Ambiente como las comunidades podrían monitorear el cumplimiento de todos los compromisos ambientales y sociales y controlar efectivamente las operaciones mineras, en lugar de tener que enfrentar posteriormente una situación donde el oro se explotara bajo situaciones carentes de control con grandes impactos ambientales. Mis palabras exactas fueron las siguientes: “no existe un yacimiento de oro en el mundo con tanto oro identificado como hay en la parte superficial de Crucitas que no haya sido explotado de una forma o de otra.” Por lo tanto, no me extraña lo que está sucediendo solo que se tardó un poco en suceder.
De manera personal, me entristece mucho ver que lo que pudo haber sido un proyecto minero responsable y un modelo de sustentabilidad socioeconómica, de monitoreo ambiental y de una gran transparencia se haya visto reducido a la situación existente en la actualidad, en donde las comunidades aledañas a la Mina Crucitas son los grandes perdedores y quienes deben asumir el costo ambiental y social de lo acontecido"
Costa Rica se defiende
SCD también consultó al Ministerio de Comercio Exterior sobre el estado actual del litigio y el trabajo de defensa que hace el país ante el organismo internacional.
Por medio de la oficina de prensa confirmaron que, hasta el momento, esa defensa le cuesta al país $1.874.000.
"Ha sido pagado por etapas contra cada fase completada, de conformidad con el calendario procesal establecido por el Tribunal Arbitral. Si se compara con el monto reclamado por el demandante, el monto invertido por el Estado costarricense en la defensa de este litigio más de 200 veces inferior", respondieron.
El asunto está en su fase final solo, a la espera de una resolución.
"La decisión del tribunal arbitral, que se emite a través de un laudo, puede tomar entre 1 y 2 años aproximadamente desde la fecha de realización de la audiencia de fondo. La audiencia tuvo lugar en julio de 2019, por lo que dentro del próximo año se espera el laudo", acotó el Ministerio.
Saqueo sin control
En 2019, el propio Ministerio de Ambiente presentó un informe con la cuantificación de daños económicos y ambientales durante 2017 y 2018.
Dicho documento registró en $197 426 237,85 la cantidad en oro producido durante cerca de 23 meses de explotación ilegal.
Para 2019, un nuevo informe esta vez de Geología y Minas demostró que la minería ilegal aumentó en 70 has en solo un año.
De 2018 a 2019, el área de explotación ilegal aumentó en 70 has, pasó de 45 a 115 hectáreas según la propia Dirección Nacional de Geología y Minas y así lo estipuló en el informe.
En total, las autoridades identificaron 19 fincas, a parte de Vivoyet que están dedicadas a la actividad ilegal. Estas 19 fincas según los registros oficiales pertenecen a al menos 14 propietarios distintos, la mayor parte de los cuales no residen en la zona. Las actividades principales a las que se dedicaban las fincas eran la conservación forestal y, en menor medida, la producción ganadera.
La caída del proyecto
En noviembre de 2010, El Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulo el decreto 34801-MINAET que declaraba de interés público y conveniencia nacional la actividad minera en Crucitas. Además solicitó abrir una causa penal contra el ex presidente Óscar Arias por firmar ese decreto.
Con ello, cayó la posibilidad de que la empresa, en ese entonces, Industrias Infinito pudiera desarrollar operaciones pese a que ya, había iniciado con algunos trabajos, debido a la eliminación de la concesión que les autorizaba la explotación y la exploración.
El fallo establecía irregularidades que debían subsanarse y entonces, la compañía minera salió de la zona y posteriormente del país.
En una segunda parte: ¿Qué ofrecía la empresa minera? ¿Qué dice su presidente sobre el decreto de interés nacional? ¿Quién tiene la culpa de lo que pasa en Crucitas.
