La Procuraduría General de la República concluyó que, el exalcalde Alfredo Córdoba fungió como funcionario de hecho a su regreso en mayo de 2022 a la Municipalidad de San Carlos tras una suspensión de 6 meses por el caso Diamante.
Tras una consulta del Concejo Municipal, el ente procurador informó de forma amplia y sustentada que:
"Con fundamento en lo expuesto, se concluye que tratándose de un Alcalde municipal, condenado por sentencia firme a la pena de inhabilitación, el funcionario no pierde su credencial, y por tanto su investidura, hasta que el Tribunal Supremo de Elecciones la cancele".
La resolución incluye que hasta tanto no se dictara la cancelación de la credencial por parte del TSE, en este caso Córdoba pudo seguir actuando en el ejercicio de sus competencias e incluso sus actos estaban válidos al estar protegidos por la presunción de validez.
Los actos, dejaban de ser válidos una vez retirada su investidura, con la cancelación de las credenciales por la inhabilitación impuesta por el tribunal.
El documento, que firma el Procurador Director, Jorge Andrés Oviedo y del que este medio tiene copia, detalla que "solamente con la cancelación de la credencial, el alcalde municipal, condenado por la pena de inhabilitación, sea absoluta o especial, pierde su investidura".
Luego del retiro de las credenciales de Córdoba y al asumir el cargo la actual alcaldesa Karol Salas, abrió una comisión especial de nulidades pues consideró que los actos del exalcalde fueron inválidos.
Todo proceso, firmas, proyectos y demás debieron ingresar a análisis a esa comisión técnica y jurídica antes de ejecutar presupuesto.
Incluso, en algunas sesiones municipales la alcaldesa Salas justificó algunos atrasos en ejecución alegando el regreso de Córdoba cuyo actos serían inválidos.
"Ustedes señores (dirigiéndose al Concejo Municipal), son los que permitieron que el exalcalde estuviera sentado aquí, en esta silla, emitiendo actos administrativos y no hicieron el reporte al TSE como les correspondía. Así que si alguien provocó atrasos e inconvenientes o incidió negativamente en la ejecución fue quien permitió que el exalcalde regresara a la municipalidad", dijo Salas en la sesión del pasado 27 de enero.
Añadió que como alcaldesa tenía la obligación legal de revisar acto por acto y crear la comisión, recomendada por la abogada municipal para emitir criterio jurídico antes de actuar.
En reiteradas ocasiones el Concejo Municipal pidió resultados a la alcaldesa sobre el trabajo de esta comisión.
"La alcaldesa montó una comisión de nulidades que no tenía ni pies ni cabeza desde el punto de vista legal y que solo sirvió para entorpecer la labor municipal durante muchos meses, no se ejecutaron proyectos que ahora es mucho más caro hacerlos, se atrasaron pagos a proveedores y el 2022 terminó con la peor ejecución real del presupuesto municipal de los últimos 30 años y ahora ¿Quién se hace responsable de este grave error?", dijo el presidente municipal, Juan Diego González.
SCD, consultó por medio del departamento de prensa de la municipalidad si la administración mantendrá activa la comisión de nulidades tras esta resolución y, estamos a la espera de respuesta.
