La diputada de la República y jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros Gallo, reaccionó a la acusación que hizo la Fiscalía General de la República en su contra por la aparente estructura paralela durante la pasada campaña electoral.
Cisneros señaló que no tiene mayor preocupación y adujo "desesperación" por parte del fiscal general luego de las intervenciones realizadas en el caso "pista oscura"
"Ay que desesperado está el fiscal Carlo Díaz, como no la pegó con su pista oscura ahora presenta una nueva acusación. Óiganme costarricenses, ahí no hay un solo centavo de dinero público, empezando por ahí", dijo en un video enviado a la prensa.
Añadió que el fideicomiso y la campaña nunca coexistieron pues el primero "se cerró un día antes" de que Chaves fuera postulado como candidato a la presidencia.
La legisladora cuestionó que la acusen a ella, y adujo que no tuvo nada que ver con la tesorería ni pagos durante la campaña.
Según Cisneros, el fiscal Díaz lo que "busca" es ensuciar los nombres de las personas que van a procurar la continuación del gobierno de Chaves.
"Ninguno tenemos miedo ni nada que ocultar y por lo tanto, si la Corte después de estudiar los documentos decide que va a seguir un juicio, aquí tienen mi promesa, renunció a mi fuero, que investiguen lo que quieran, no tenemos absolutamente nada que ocultar", sentenció.
La mañana de este lunes la Fiscalía General presentó ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra siete funcionarios miembros de los Supremos Poderes.
Esto, por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito durante la última campaña electoral, nacional.
Los imputados son el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; el primer vicepresidente, Stehpan Brunner Neibig; el canciller, André Tinoco; y los diputados Pilar Cisneros Gallo, Luz Mary Alpízar Loaiza, Paola Nájera Abarca y Waldo Agüero Sanabria.
La acusación forma parte del expediente 22-000116-1218-PE y la tramitó directamente el fiscal general de la República, Carlo Díaz, conforme lo establece la normativa vigente en casos que involucran a miembros de los Supremos Poderes con inmunidad constitucional.
De acuerdo con la investigación, iniciada en 2022, habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026.
Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero.
Esta mujer, enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral.
Ahora, corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer la acusación y, de considerarlo procedente, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios imputados, como lo establece el procedimiento especial para el juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes.
