Tras sesión de Corte Plena, el Poder Judicial anunció que su accionar operativo podría verse afectado por el recorte presupuestario que anunció el Ministerio de Hacienda.
Dicho recorte sería de ¢7.838 millones para el presupuesto del próximo año, según anunciaron.
"Existe una preocupación en el Poder Judicial, tras la comunicación remitida por las autoridades hacendarias de la reducción presupuestaria, sin la debida coordinación y consulta, pese a que las propuestas judiciales de presupuesto para el 2023 se apegaron a las normas de contención de gasto establecidas por el Ministerio de Hacienda y cumple con el límite fiscal establecido", cita un comunicado.
La casa judicial determinó que el impacto negativo podría evidenciarse en: programa de víctimas y testigos, alimentación de personas privadas de libertad, pago de pólizas, sustitución de chalecos antibalas por vencimientos, horas extras para continuación de juicios y servicios en horas no hábiles, servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes, transferencias de capital y cuentas especiales.
"La reducción aplicada por las autoridades hacendarias representa para la institución un impacto negativo en aspectos puntuales como la compra de chalecos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a su vencimiento y pago de horas extras como se indicó, ya que la labor policial de investigación y las diligencias judiciales, en muchas ocasiones, no es posible detenerlas", añade el comunicado.
A esto suman una disminución en la partida de gastos confidenciales y de viáticos al interior para diligencias propias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos; al respecto se detalla que estos últimos recursos se destinan a la atención de personas víctimas, lo que permitió, en los dos últimos años, atender más de 50 mil personas.
También denuncian que afecta el pago de pólizas de riesgos del trabajo de todo el personal judicial, recursos formulados para el resguardo de la vida de los servidores.
