Una de las promesas de campaña del Presidente Carlos Alvarado fue firmar la norma técnica que regularía el aborto terapéutico en Costa Rica. Desde 1970 el Código Penal permite la aplicación del aborto para salvaguardar la vida o salud de la madre.
Sin embargo, debido a la falta de un protocolo para acatar este mandato legal, se ha generado incertidumbre por años entre los médicos que están ante estos casos específicos.
Desde abril de 2018, el Ministerio de Salud elaboró la norma técnica para implementar el aborto terapéutico, no obstante el entonces Presidente Luis Guillermo Solís desistió de firmar el decreto que daría legalidad al protocolo.
Por su parte el actual Presidente Carlos Alvarado indicó que firmaría la norma “cuando lo considere oportuno”. El Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza indicó este mes que Alvarado firmaría la norma este mismo año.
Posterior al anuncio de Piza, la diputada socialcristiana Shirley Díaz presentó al Plenario Legislativo una moción para que el Ejecutivo “se abstengan de emitir o ampliar vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma en relación al aborto impune”.
El término aborto impune se refiere al que no está tipificado como delito, en nuestro país únicamente es aquel que se da cuando la vida de la madre corre peligro.
Finalmente la moción socialcristiana fue aprobada por 27 diputados contra 26. Votaron a favor la totalidad de las bancadas del Partido Unidad Social Cristina, Restauración Nacional, Republicano Social Cristiano, dos legisladores del Partido Integración Nacional y el bloque independiente Nueva República.
En contra de la moción votaron la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana, el Partido Liberación Nacional, el diputado José María Villalta del Frente Amplio y la diputada Zoila Rosa Volio de Integración Nacional.
Pero, ¿qué significa esto para el Ejecutivo? Al igual que la moción de censura que se intentó aprobar en contra el Ministro de Educación Edgar Mora, la moción aprobaba el lunes, no es vinculante para el Poder Ejecutivo, puesto que la legislación ya existe y no se está discutiendo su modificación, sino únicamente un llamado para que el Presidente se abstenga de firmar el decreto.
Sin embargo, se comienzan a evidenciar las diferencias entre la bancada Socialcristiana y el Gobierno del Presidente Alvarado de cara a un nuevo año legislativo en cual los votos del Partido Unidad Social Cristiana serán fundamentales para la agenda del Ejecutivo y la elección de la nueva presidencia legislativa, actualmente en manos de la oficialista Carolina Hidalgo.
Además de la moción impulsada por la diputada Shirley Díaz, el Plenario aprobó una moción del diputado republicano Otto Roberto Vargas, pidiéndole al Presidente Alvarado que ponga a conocimiento de la Asamblea el borrador de norma técnica que estaría firmando.
También se conoció una moción por parte del Partido Liberación Nacional, en la que indican que actualmente el artículo 121 del Código Penal no se está aplicando como se debería y piden se implemente la norma técnica sin abrir portillos de ninguna naturaleza salvo lo que reza el artículo mencionado. Sin embargo esta última fue rechazada.
La última palabra la tendrá el Poder Ejecutivo, que se ha visto presionado tanto por los colectivos feministas, que buscan una norma más abierta que aborde la salud de la madre como un concepto integral, como por los grupos conservadores y la Iglesia Católica. Esta última hizo un llamado al Presidente Alvarado en contra de la aprobación de la norma técnica y llamó a defender la vida “desde la concepción”.
