En una precipitada sesión de apenas diez minutos en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, cinco diputados votaron por recomendar la no reelección del Magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda Leal.
El mecanismo de votación para estos casos es secreto, sin embargo los diputados Jorge Fonseca del Partido Liberación Nacional (PLN) y Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana (PAC), rápidamente confesaron su voto disidente a favor de la reelección de Rueda Leal.
“No encontré un argumento legal en contra; la experiencia acumulada en los últimos ocho años; las referencias solicitadas a la Corte salieron bien; y sus propuestas para mejorar la administración”, indicó Fonseca al justificar su voto.
De esta forma los votos de mayoría corresponden al también liberacionista Luis Fernando Chacón, Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez de Restauración Nacional (PRN), Rodolfo Peña del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Dragos Dolanescu del Partido Republicano Socialcristiano (PRSC).
Contrario a su compañero de fracción, Luis Fernando Chacón justificó, mediante un comunicado de prensa, su voto en contra de la reelección del magistrado por un tema de ‘reoxigenación al Poder Judicial’.
“En tiempos en que la ciudadanía exige un debate público sobre la reelección en los diferentes poderes de la República y que, inclusive, en la Asamblea existen diferentes propuestas, este diputado considera que la reelección cuasi vitalicia de los magistrados no es sana para una democracia que propugna la alternancia en el poder”, afirmó Chacón.
La ruptura de la habitual línea de fracción del PLN presagia un comportamiento similar en otras bancadas legislativas a la hora de emitir su criterio final en el plenario, dado que otros diputados ya han insinuado e incluso afirmado que votarán distinto de sus compañeros de la comisión.
Este es el caso del socialcristiano Erwen Masís, quien afirmó en su cuenta de Twitter que votará ‘apegado a derecho, respetando la división de poderes’ y agregó que ‘tiene buenas referencias de su trabajo y obligaciones (del magistrado Rueda)’.
Por su parte el también socialcristiano Pablo Heriberto Abarca afirmó al Semanario Universidad, que su voto a favor o en contra de la reelección se basará en las principales sentencias emitidas por el magistrado.
“Mi criterio va a estar basado en las sentencias y si eso coincide con mi oferta electoral y la demanda electoral de las personas que votaron por mí”, indicó Abarca.
La Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) y la Asociación de Investigadores en Criminalística (ANIC), indicaron que consideran incongruente que los políticos utilicen los criterios de resolución de los magistrados para definir o no su continuidad en el cargo.
A Rueda Leal se le cuestiona su posición en torno a varias sentencias polémicas incluidas la que declaró inconstitucionales los artículos que prohíben el matrimonio igualitario en el país, sentencia censurada en octubre pasado por la diputada Xiomara Rodríguez en el plenario legislativo.
También se le reprocha su voto en la sentencia que prohibió la pesca de arrastre, al respecto el diputado socialcristiano Óscar Cascante afirmó en la comisión que esta sentencia se dio “sin ningún estudio técnico y sumergió más en la pobreza y nos tiene con un rezago de 30 años ante otros sectores”.
Ahora este dictamen no vinculante debe pasar al plenario legislativo, donde deberá justificar a los demás diputados las razones por las cuales la comisión recomienda la no reelección del magistrado.
Este caso remite casi directamente al 2012, cuando el plenario legislativo acordó la no reelección del entonces magistrado constitucional y actual Presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz. En ese momento, 38 diputados votaron en contra de la reelección de Cruz, sin embargo este fue reinstaurado en su cargo por una sentencia de la Sala Constitucional.
El entonces jefe de fracción liberacionista, Fabio Molina dijo que la no reelección de Cruz representaba “una llamada de atención” a la Corte Suprema de Justicia. Al magistrado constitucional se le achacaban sus votos disidentes en temas polémicos como como la reelección presidencial, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la minería en Crucitas.
El actual presidente legislativo Carlos Ricardo Benavides fijó el lunes 24 de junio como fecha para discutir el dictamen en el plenario y posteriormente someterlo a votación. Se requieren 38 votos en contra para que un magistrado no resulte reelecto en su puesto.