Reforma a la Ley de Tránsito lesiona derechos fundamentales de los ciudadanos

Autor: Maritza Cruz Montoya

Oficiales de Tránsito
Fotografia: Alexander OTAROLA / nacion.com
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Desde el año 2015 se presentó el proyecto de Ley número 19.636 en la Asamblea Legislativa por un grupo de Diputados que buscaban la aprobación de una reforma parcial la Ley de Tránsito número 9078.

En el presente artículo interesa hacer mención a la reforma al numeral 208 de la Ley supra citada, donde se pretendía como reforma que en caso que un conductor se niegue a realizarse la prueba de alcohosensor, si hay sospecha del uso del licor, se le imponga una multa de trescientos seis mil ochocientos cincuenta colones.

Es muy lamentable saber que el día de ayer lunes 17 de julio se aprobó dicha reforma, digo muy lamentable por lo siguiente, los costarricenses deben saber que la reforma a la ley de tránsito es violatoria a derechos fundamentales que se encuentra regulado en nuestra Constitución Política en el artículo 36 que hace referencia al derecho de abstención de la parte sospechosa de la comisión de un delito.

Como bien se sabe, nuestro Código Penal regula en el numeral 261 Bis el delito de conducción temeraria, delito que se configura cuando se demuestre que la concentración de alcohol en sangre alcance el 0.75 gramos por cada litro de sangre o con una concentración en aire de 0,38 miligramos, lo anterior para cualquier tipo de conductor, pero en caso de ser conductores catalogados como profesionales o aquel que se le ha expedido por primera vez la licencia en un plazo inferior a tres años, será de 0,50 la concentración por cada litro de sangre o 0,25 miligramos de concentración en aire.

Ahora bien, por qué mencionó la norma anterior, porqué regula el delito de conducción temeraria y como indique lineas atrás nuestra Constitución tutela el derecho de abstención, aunado a lo anterior, nadie está obligado a generar prueba en su contra. No menos importante mencionar el voto 427-2007 de La Sala Tercera, mismo que en lo que interesa indica que en el momento en que se tenga sospecha alguna de la comisión de un delito, la policía deberá hacer ver a la persona sospechosa de su derecho de abstención, este voto viene a tratar de eliminar condenas injustas al permitir que la policía indicara que el sospechoso habló de forma voluntaria, de manera tal que cualquier manifestación tomada inobservado lo dicho en el voto mencionado es prueba espuria.

En el caso que nos ocupa considero que la reforma promovida y aprobada por la Asamblea Legislativa violenta flagrantemente el derecho de abstención de una persona sospechosa de la comisión de un delito. Por lo que mediante ley están obligando al ciudadanos a renunciar a un derecho fundamental bajo amenaza de realizarle una multa de más de trescientos mil colones. Es indignante ver como el Estado haciendo uso del poder violenta los derechos de todos sus ciudadanos con leyes como esta.

Olvida el Estado Costarricense que el artículo 50 de la Constitución Política reza la obligación que tiene de velar por el bienestar de sus ciudadanos, no es aceptable que por medio de una ley se infrinja derechos constitucionales, ya que están obligando a la persona a soplar y generar prueba en su contra. No menos importante mencionar que en la reforma se dice que el conductor tiene derecho de apelar esa multa, demostrando con dictamen que no existía alcohol en sangre, pero se establece que dicho examen de laboratorio debe realizarse en un máximo de media hora después de generada la multa, me pregunto quién va poder defenderse de esa multa porque dependiendo la hora todos los laboratorios privados van a estar cerrados y la Caja Costarricense no tiene dentro de sus funciones el tener que realizar este tipo de pericias, evidentemente si el paciente no llega con algún problema de salud importante no va ser atendido sólo para confeccionar una prueba de sangre, queda entonces el ciudadano una vez más sin facultad de defender sus derechos ya sea porque no encuentre respuesta en clínica pública, o porqué no hay dentro de ese rango de media hora laboratorio abierto o simplemente la persona no tiene dinero para pagar la pericia.

Por: Maritza Cruz Montoya / Abogada

Cédula: 205430253

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