«Escuchar a la ciudadanía no es un gesto, es una obligación democrática (…) Gobernar no es tener la razón técnica o jurídica, es también escuchar y como dice el dicho, el pueblo no siempre grita con fuerza, pero casi siempre habla con razón. He escuchado las voces ciudadanas y por eso hoy anuncio mi cambio de posición con respecto a este tema».
Con estas palabras, el regidor independiente Esteban Rodríguez desistió este lunes de apoyar una recomendación de minoría para que el Concejo enviara a la administración, un borrador de reglamento que permitiría contratar asesores de confianza a las fracciones del órgano colegiado.
Rodríguez señaló que cambiar de posición no es una debilidad y, por el contrario, es una acción de madurez. Eso sí, insistió en que, desde el punto de vista técnico, es necesario contar con un asesor apropiado para evitar errores costosos y darle mayor rigor a las decisiones que toma el concejo.
Añadió que la gestión como regidores no trata solo de abrir canales a la ciudadanía, sino también de escuchar y ajustar el rumbo cuando así lo exige la población.
Además, mencionó que espera que ese mismo ‘espíritu crítico’ puedan aplicarlo para las próximas discusiones presupuestarias.
«Esta no es una renuncia a la eficiencia, al contrario, me reafirma con más claridad que debemos aplicar este espíritu crítico y de contención con todos los presupuestos, incluidas las plazas de la alcaldía y otras dependencias municipales. Y espero, con la misma vehemencia, que mis compañeros del concejo sean igualmente consecuentes en la próxima discusión presupuestaria. Es más, si podemos disminuir el gasto en plazas para 2026 y hacerlo más eficiente, ¡mejor aún!», dijo.
El regidor anunció que presentó una moción para autorizar recursos dirigidos a capacitación técnica y el uso de herramientas de inteligencia artificial enfocadas en la toma de decisiones basadas en evidencia y no en intuición ni improvisación.
«La ciudadanía no solo vota. La ciudadanía vigila, exige y nos da el mandato de actuar con criterio, pero también con sensibilidad», concluyó en su intervención.
La postura de Rodríguez fue reconocida por los regidores Eduardo Salas y Jorge Zapata quienes la semana anterior manifestaron su oposición a este borrador de reglamento.
«No sabe lo que me alegra que haya recapacitado y que haya escuchado la voz del pueblo, porque como dice usted (Rodríguez), eso es madurez política. Imagínense un asesor, o dos, o tres, para que nos venga a decir algo que está en un documento, donde se vienen a decir aquí imprecisiones tal vez porque no se leyó un documento, porque no se tuvo ese deber de cuidado que nos exige el código municipal y por esa falta de cuidado golpear el bolsillo de los sancarleños con 140 millones anuales», dijo Salas.
Reafirmó que este tipo de proyecto es «un gasto para el cantón e injusto, cuando ya ellos (los regidores) tienen una dieta para sufragar gastos de sus funciones».
En una misma línea, Jorge Zapata felicitó a Rodríguez por la decisión que tomó al desistir de apoyar la recomendación de minoría.
«Igual que Eduardo, felicito a Esteban por la decisión que está tomando, yo sabía que iba a irse por ese camino porque después de analizar todo el tema, es razonable considerar que cada fracción cuente con un asesor resulta irracional», dijo.
Zapata indicó que, si hay alguna alternativa más equilibrada, es importante que los regidores lo pongan sobre la mesa por medio de una moción y que, en lo que no está de acuerdo, es que sean asesores que pongan «a dedo».
La única regidora que se mantuvo firme en su posición fue Luisa Chacón, quien señaló que la actual asesora legal del concejo, Alejandra Bustamante, los indujo al error ya en varias ocasiones.
«Hoy quedó claro, una vez más, con este tema de la pirotecnia (en referencia a otro caso visto durante la sesión) que la asesora Alejandra Bustamante, quien fue la asesora del pasado concejo municipal indujo a error, y no es la primera vez que ha sucedido, yo quisiera que no siga sucediendo. Quienes están a gusto de trabajar con ella pues se respeta, pero quienes no, el código municipal lo estipula muy bien que hay derecho a esto (a los asesores)», manifestó.
Indicó que es importante que los regidores de oposición hoy y en el futuro cuenten con un asesor legal de confianza.
«Esto no es un gasto, es para que quien se siente en esta silla, sin importar el tamaño de la bolsa que tenga, siempre pueda venir a pensar aquí lo mejor para el sancarleño y no para sí mismo», concluyó.
La votación final quedó 8 a 1, es decir, por mayoría los regidores sepultaron el borrador de reglamento y también votaron en contra de que este fuera enviado a la administración municipal para su análisis.
Votaron en contra del reglamento: Raquel Marín, Sergio Chaves, Anadis Huertas, Ashley Brenes, Jorge Zapata, Esteban Rodríguez, Amalia Salas y Melvin López.
Votó a favor del reglamento: Luisa Chacón.
El Caso
El proyecto tiene su génesis en una moción que presentó la entonces regidora del PAC, Diana Corrales, en enero de 2023.
La moción planteaba un reglamento que establecía 1 asesor de confianza para todo el concejo municipal. Los regidores del periodo pasado lo enviaron a la comisión de jurídicos para analizarlo, pero fue hasta octubre de 2024 cuando la asesora legal emitió un borrador.
En el informe de correspondencia del 28 de octubre de 2024, el oficio MSCAM-ALCM-0047-2024 firmado por la asesora legal Alejandra Bustamante, en el artículo 6 menciona que cada fracción podría contratar un asesor de confianza, siendo distinto a lo propuesto por la exregidora Corrales.
Sin embargo, el pasado 15 de mayo de 2025 en la sesión de jurídicos esto cambió y la asesora leyó un documento, con el mismo número de oficio, pero con un texto diferente que ahora sí menciona la posibilidad de contratar 1 asesor de confianza para todo el concejo. Esto, generó confusión.
Para efectos de transparencia, el regidor y miembro de la comisión de Jurídicos, Jorge Zapata, aclaró este lunes que la discusión y votación está centrada en ese primer borrador de reglamento que ellos recibieron, es decir, en el que menciona a 1 asesor de confianza por fracción.
En una exposición que realizaron funcionarios del departamento financiero de la municipalidad, Bernor Köpper y Evelyn Vargas, explicaron de dónde saldrían los recursos para el pago de los asesores.
Esas plazas, según explicó Köpper, estarían financiadas con recursos del impuesto de la patente que pagan los comercios y un 10% del impuesto de bienes inmuebles.
Además, mencionó que, de no contar con los recursos suficientes tendrían que hacer recortes a partidas que no tienen costo fijo establecido. Eso sí, no habría ningún aumento en los costos de los servicios o tributos municipales.
En números redondos y a modo de ejemplo, los funcionarios calcularon que 1 asesor de confianza podría costarle al ayuntamiento entre 23 y 28 millones de colones al año, según sea el perfil de la plaza. Es decir, si son 5 asesores (1 por fracción), entre 120 y 140 millones de colones anuales.