Con un vehemente mensaje, la regidora Luisa Chacón Caamaño, dejó claro que el Concejo Municipal de San Carlos no tolerará casos de corrupción en funcionarios municipales.
Chacón hizo su intervención durante la discusión de un recurso de revocatoria que presentó el exdiputado Ramón Carranza y en el que solicitó al concejo anular un acuerdo de conciliación con 5 personas imputadas en un caso de peculado en perjuicio de la Municipalidad de San Carlos.
El caso en cuestión surgió hace 15 años tras una denuncia del exregidor Carlos Corella, en aquel momento algunos funcionarios habrían favorecido a familiares con contratos por más de 108 millones de colones. Posterior uno de ellos dejó de laborar en la municipalidad y otro se mantiene aún en su puesto.
«Yo creo que aquí lo más importante es, que si aún queda gente que delinque dentro de esta municipalidad, sepan que este concejo no va a tolerar esto. El sancarleño lo reclama, esta gente (los imputados) tienen que ir a juicio, no nos corresponde a nosotros juzgarlos y mucho menos darles el perdón», fustigó.
Chacón lanzó fuertes cuestionamientos contra la exposición que hizo la semana anterior el abogado del ayuntamiento, Juan Carlos Camacho, al explicar en qué consistía dicho acuerdo de conciliación.
Enfatizó que al funcionario le faltó explicar cómo fue la cadena de custodia, la calidad y contundencia de la prueba, la probabilidad de la condena y la totalidad de los daños contra la Hacienda de la municipalidad.
«Se enfocó prácticamente en el hacinamiento carcelario y en lo terrible que sería tener manchada la hoja de delincuencia, además confundió el monto cuando Melvin (López) le pregunta cuanto fue el daño a la municipalidad. Él se enfocó en decir que el costo del juicio era de 17 millones y nunca nos dijo que esta gente estuvo por años en esta municipalidad haciendo daño y que únicamente se presentó el juicio con la última transacción que hicieron que fue de 108 millones», dijo.
Durante dicha sesión, el abogado Camacho, explicó que el acuerdo de conciliación consistía en que 4 de los imputados asumirían el compromiso de devolver a las arcas municipales un total de 52 millones de colones y a no ejercer cargos o contrataciones públicas durante un año, mientras que el funcionario que aún labora en el municipio sería removido de su puesto y trasladado a otro departamento.
La decisión de 8 de los 9 regidores (solo Chacón votó en contra) no cayó bien para decenas de ciudadanos sancarleños quienes exigían enmendar las acciones tomadas.
Este lunes, por votación unánime los regidores dieron marcha atrás al acuerdo de la semana anterior y admitieron los recursos que presentaron Carranza y otro ciudadano.
Además, solicitaron a la asesora legal del Concejo realizar un análisis de dichos recursos y una posterior recomendación al órgano colegiado.
En cuanto al avance del juicio, la dirección jurídica de la administración ahora deberá pedir una prórroga al tribunal.