El Concejo Municipal de San Carlos aprobó una solicitud, para que la administración investigue a los responsables de efectuar despidos ilegales a funcionarios y que luego implicaron en reinstalaciones por orden de un juez.
Los regidores aprobaron, de manera unánime, un informe de la comisión de asuntos jurídicos que atendió una moción que presentó la exregidora Vanessa Ugalde en abril anterior, y que pide sentar responsabilidades ante los actos sucedidos en el ayuntamiento.
"Esta moción alerta de una serie de posibles incumplimientos a la ley por parte de la exalcaldesa Karol Salas, entre ellos se analiza prevaricato o falta al deber de probidad, iniciar investigación de procedimientos de nombramientos internos en plazas fijas, despidos sin debido proceso y una serie de eventos que ha ocasionado que la Municipalidad tenga que pagar el costo de malas decisiones", dijo Jorge Zapata, miembro de la comisión.
Añadió que, la intención es dar continuidad al proceso y "actuar de manera responsable y diligente para evitar que, en caso de existir actos que transgredan la ley, no queden impunes".
El informe solicita a la alcaldía investigar también a la jefa de recursos humanos, Yahaira Carvajal, al jefe de Control Interno, Jimmy Segura y a la exjefa del departamento de Servicios Jurídicos, Julia Latino Obregón.
"(...) determinar la existencia de alguna responsabilidad administrativa, civil, y/o penal, por despidos y reinstalaciones de funcionarios en el periodo en que la señora Salas Vargas fungió como alcaldesa", dicta el documento.
Si estos funcionarios llegasen a ser responsables de los hechos denunciados, el informe pide que se les cobre las costas procesales y personales, las indemnizaciones y cualquier otro monto económico en el que la municipalidad haya sido condenada a pagar.
"Esta municipalidad tiene 14 casos de reinstalados y sobre esos 14 pesan demandas por daños y perjuicios que son bastantes altas y con mucha probabilidad de que esos funcionarios sean acreedores de las mismas y que esto tiene que pagarlo todo el pueblo de San Carlos, porque son muchos los millones que aquí están en juego por determinaciones que nunca tuvieron el amparo de la ley", dijo Jorge Rodríguez, regidor de Progreser.
Otras investigaciones
El informe también pide a la alcaldía realizar otra investigación contra los funcionarios que conformaron la "comisión de nulidades" que aplicó Karol Salas durante su periodo al mando del municipio.
Esto con el objetivo de valorar la responsabilidad administrativa civil y penal sobre el tratamiento de la ejecución del presupuesto municipal 2022-2023 y presunto daño al erario público.
También, solicita a la alcaldía denunciar penalmente a la exalcaldesa por el presunto incumplimiento de deberes que tipifica el artículo 339 del Código Penal, al no cumplir con el deber que atribuye el artículo 17 del Código Municipal (reunirse cada 6 meses con los Concejos de Distrito).
