El Concejo Municipal de San Carlos acordó, elevar a la Contraloría General de la República (CGR) el caso de una funcionaria municipal de apellido Castro que fue despedida y un juzgado de trabajo ordenó reinstalar en su puesto.
La intención del órgano político es que, el ente contralor investigue las responsabilidades existentes en cuanto a costo económico que conllevó el proceso realizado por la administración municipal, así como sentar las eventuales sanciones que correspondan.
Es decir, que los funcionarios que llevaron el proceso asuman los pagos en los que tuvo que incurrir el ayuntamiento al perder el caso en el juzgado.
Al parecer, el municipio canceló casi 5 millones de colones en salarios caídos a esta funcionaria, durante el tiempo de su despido.
"Se deben sentar las responsabilidades cuando aquí (municipalidad) se toman decisiones contrarias a la ley, inicialmente estamos intentándolo con la Contraloría y eventualmente podríamos analizar otros mecanismos para que se resguarden los recursos públicos de una buena manera", dijo Juan Diego González, presidente municipal.
Con el acuerdo tomado este lunes, la CGR recibirá copia de la resolución administrativa que despedía a la funcionaria, el recurso de revocatoria interpuesto por la trabajadora y las resoluciones del juzgado ordenando la reinstalación.
La intención de los regidores es que, esta medida se aplique con otros funcionarios que también fueron despedidos y posterior el Juzgado de Trabajo ordenó reinstalarlos.
El caso
La documentación enviada a la CGR corresponde al despido de una funcionaria de apellido Castro en octubre de 2022.
En aquel momento la trabajadora estaba en periodo de prueba y la alcaldesa Salas aplicó el despido justificando que la funcionaria "no cumplió satisfactoriamente el periodo de prueba".
Sin embargo, según el juzgado, para la fecha del cese de funciones ya la funcionaria había adquirido propiedad tras cumplir satisfactoriamente con los requisitos.
Por ello, el Juzgado de Trabajo del segundo circuito judicial de Alajuela le ordenó al ayuntamiento sancarleño reinstalar con efecto inmediato a la trabajadora.
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